Líderes detrás de la marcha han crecido en la lucha social

Tienen entre 43 y 47 años, se han formado en universidades del país en temas afines a las causas que defienden. Hoy, dicen, representan un reclamo nacional.

Carlos Pérez Guartambel

Trayectoria: Preside la Ecuarunari, fue concejal de Cuenca en 1996 por Pachakutik-Nuevo País, cuando Fernando Cordero fue elegido alcalde. En 2009 candidato a asambleísta por la alianza Pachakutik-RED-Minga.

A sus 4 años un tropezón le hizo entender a Carlos Pérez Guartambel el verdadero significado del agua. Y generó en él, dice a sus 46 años, ese apego por su defensa. Él y su mamá eran acarreadores de agua en Tarqui, parroquia rural de Cuenca, donde nació y vivió, y para obtenerla debían caminar una hora de noche o madrugada con cántaros sobre los hombros. El traspié de ese día hizo que su vasija terminara en pedazos y perdiera todo. “Tenía miedo a ser latigueado por mi papá y cuando a los meses hubo la noticia de que íbamos a traer el agua desde los páramos hacia nuestras casas, fui uno de los primeros en participar en la minga”, cuenta el dirigente indígena (su identidad es quichua-cañari), presidente de la Ecuarunari, que el pasado 13 de agosto sumó su sexta detención por las luchas sociales.

La de este mes, en contra del gobierno de Rafael Correa, fue la más corta. Duró dos horas, pero asegura que fue igual de violenta, con arrastres, golpes y toletazos. De ese día le quedan un hematoma debajo del ojo izquierdo y dos heridas emocionales, una es la aprehensión de Manuela Picq, la periodista franco-brasileña que es su pareja desde 2013 (su primera esposa murió de cáncer) y a la que Cancillería le revocó la visa alegando que realizaba actividades políticas. El viernes dejó el país.

La otra es la pérdida del saxofón que hace 30 años le compraron sus padres en 30 mil sucres y para lo cual tuvieron que endeudarse. Pérez estudió en el conservatorio y desde los 15 años tocaba en iglesias y fiestas para pagar parte de sus estudios. Es doctor en Jurisprudencia, con un diplomado en Gestión de Cuencas Hídricas, una especialidad en Justicia Indígena, otra en Derecho Ambiental y una maestría en Derecho Penal y Criminología. Ha escrito ocho libros. Él mismo defendió a Manuela y arma su defensa.

Fue a la cárcel durante los gobiernos de Sixto Durán-Ballén y Jamil Mahuad. En el de Correa fue apresado en 2009 por cerrar vías en contra de la minería y en 2010 por protestar contra la Ley de Aguas. Por esta causa fue sentenciado a un año, que se redujo a ocho días y cumplió en 2013.

Ahora sus reclamos van más allá del agua: que se archiven las enmiendas, sobre todo la reelección indefinida; que haya una reforma agraria y una educativa que garantice la educación intercultural bilingüe y se permita el libre acceso a las universidades. El camino, cree, es una consulta popular para reformar la Constitución o una nueva Constituyente y que en 2017 haya una opción que articule a sectores democráticos, con ideas progresistas, que rebasen “el discurso colonial de izquierda-derecha”.

El plan es seguir en Quito, en las calles, en acciones que Pérez suele detallar en Twitter. No ve una lucha en vano. Dice que van ganando pequeñas batallas: haber llegado a la capital o instalarse en El Arbolito. Cuando habla se entusiasma, como en 1975, cuando el agua llegó de la llave y celebraron con cuy.

No queremos botarle a Correa; él ya está caído. Hay que desmontar estas leyes que son oprobiosas para el pueblo, como la de comunicación, COIP, de agua y minería...”. Carlos Pérez Guartambel

Salvador Quishpe Lozano

Trayectoria: Ha sido dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y diputado por Pachakutik (PK) en el periodo 2003-2006.

Era el levantamiento indígena de 1990 y Salvador Quishpe andaba con hacha y machete en la selva alta del río Nangaritza, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde nació. Entonces tenía 19 años, se disponía a terminar el colegio y veía lejano convertirse en dirigente indígena o político. Pero en 1993, al ingresar mediante un crédito educativo a la Universidad San Francisco de Quito y donde se graduó de sociólogo, empezó a vincularse a la dirigencia indígena nacional.

Veinticinco años después, la noche del 13 de agosto pasado desde el Centro Histórico de la capital, el ahora prefecto de Zamora, a sus 44 años, le decía al país con el rostro y el cuerpo manchados de lo que quedó de llantas calcinadas: “Me han arrastrado, me han golpeado, me han vejado”, refiriéndose a lo ocurrido tras ser tragado por un cordón de policías en una protesta contra el régimen.

Era un Quishpe de cara desencajada, como lo denota una foto que se tomó con su celular, subió a su cuenta de Facebook, y que mostró a los policías que lo habían golpeado.

Como rostro de algunas de estas marchas, el primer saraguro (pueblo kichwa) prefecto de Zamora ha sido cuestionado por los allegados al Gobierno. Que se ha reunido con la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.), que es el juguete de la derecha, que en las caminatas a Quito bebe alcohol, que duerme en hoteles y en vez de caminar va en carro, que tiene un doble discurso frente a las actividades mineras.

Una nueva acusación apareció dos días antes del anunciado paro nacional en la edición del 11 de agosto pasado del diario oficialista El Telégrafo, en la que se determina que la ferretería El Inti, propiedad de su padre, Manuel Asunción Quishpe, es una de las principales proveedoras de materiales de construcción de los doce mayores contratistas de la Prefectura desde el 2009 cuando Quishpe asumió este cargo.

La publicación indica que en el periodo de Quishpe, estas contratistas compraron $ 367.098 a la ferretería El Inti.

El prefecto responde que el negocio de su padre funciona desde el 2003. “Si algún contratista compró, eso es algo particular... No damos contratos con la condición de que compren a mi padre, eso sería antiético”, dice.

El político de larga y lacia cabellera ha cuestionado al presidente Rafael Correa por dar paso a proyectos mineros de gran escala en Zamora. Aunque cree que el primer mandatario debe culminar su periodo.

Y reconoce la violencia en las últimas semanas en las filas de la oposición: “En un momento determinado, cuando aflora ya la rabia, qué se puede esperar”, afirma el prefecto, quien ha aparecido en una serie de montajes burlescos difundidos en la red social Twitter tras lo ocurrido el 13 de agosto, lo que, según él, denota que el racismo sigue arraigado en el país. 

Han dicho que me he robado la caja de un niño betunero para pintarme el rostro, han dicho muchas cosas (...). Tengo mi conciencia tranquila”. Salvador Quishpe

Jorge Herrera Morocho

Trayectoria: Entre 2005 y 2007 fue presidente del Movimiento Indígena Campesino del Cotopaxi. Desde 2014 lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Desde niño escuchar a su padre, Manuel Herrera, contar que en su época los dueños de las haciendas violaban a las mujeres de los indígenas o que a los peones de hacienda no se les permitía comer papas sanas sino las dañadas, es lo que marcó a Jorge Herrera Morocho el inicio de una conciencia de reivindicación para con su pueblo indígena.

Con 43 años, Herrera preside desde 2014 la organización indígena con más presencia en el país: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pero ya desde los 11 organizaba a las juventudes de la comunidad de Witza, parroquia de Toacazo (Cotopaxi), para apoyar a “sus mayores” en la lucha contra los hacendados por una repartición justa de la tierra.

Se graduó de Técnico Forestal en la Universidad Nacional de Loja, y quienes lo conocen dicen que expresa más en sus discursos en su kichwa panzaleo que en el mismo español. El liderazgo en el pueblo indígena que construyó Herrera por más de tres décadas fue dado por su cercanía directa a las organizaciones de base, en especial de la Sierra central. Cuando la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) lo postuló como candidato de la región Interandina para presidir la Conaie, Herrera obtuvo la mayor votación de las dos últimas elecciones de presidente de esta organización: 526 votos de 800 delegados de comunidades asistentes.

Esa legitimidad de su pueblo, asegura, le da el respaldo para luchar contra la exclusión, el racismo y la concentración de la tierra, que aún persiste, y para recuperar el protagonismo político alcanzado por la Conaie hace casi tres décadas.

Desde inicios de agosto pasado Herrera reedita una caminata hacia Quito para exigir del Gobierno “derechos y respeto”, así como lo hizo en 1990, con 18 años, cuando organizó a centenares de jóvenes cotopaxenses, que abrieron carreteras con picos y barras antes de llegar a la capital ecuatoriana para quedarse por varias semanas.

El discurso de Herrera en el mundo indígena es respetado, sin embargo, no se ha postulado a una elección popular. Afirma que el trabajo de base “es más fructífero” que estar en un gobierno como burócrata.

Su paso, en 2003, por el mandato de Lucio Gutiérrez, como director provincial del Ministerio de Agricultura y director de la Secretaría de Bienestar Social para los programas de desarrollo en Cotopaxi, es una marca que persigue a Herrera en su vida pública y que ha sido usada por sus opositores para descalificarlo.

Asegura que su respaldo, así como el de su movimiento, siempre fue a un proyecto que prometió cambios profundos, pero que en ningún caso el respaldo era para una persona que “se entregó a los intereses de la derecha”.

En 1990 tuvimos un levantamiento que fue solo indígena, pero ahora tenemos un levantamiento popular, de todos los ecuatorianos”. Jorge Herrera

Blanca Cecilia Velasque Tigse

Trayectoria: Es asesora técnica del Movimiento Indígena Campesino del Cotopaxi y coordina la Red de Mujeres Políticas de esa provincia. De 2005 a 2009 fue viceprefecta del Cotopaxi.

Era mayo de 1990 cuando un grupo de mujeres indígenas eran las primeras en llegar a Quito. Estaban cansadas del maltrato que recibían en los buses, la discriminación que vivían en los centros de salud y la agresión que para ellas significaba que las obligaran a sacarse el sombrero en las escuelas y colegios.

Una joven secretaria de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, llamada Cecilia Velasque, arengaba a esas mujeres de la parroquia de Toacazo a que tomaran a sus guaguas (hijos), la ortiga y su cucayo (comida) y lideraran al grupo.

Para Velasque, el liderazgo de estas mujeres en el levantamiento de 1990 no fue coincidencia, sino una estrategia con una presencia femenina que presentaba a la mujer como la Pachamama: “La dadora de la vida que no quiere violencia”.

La vinculación de Velasque con las necesidades del movimiento indígena y, en especial, de la mujer del campo le llegó por dos vertientes: una de su padre, cuando de niña lo ayudaba a escribir las actas de los debates de la organización indígena de la que era secretario, pese a que no sabía escribir, y de monseñor Leonidas Proaño, de quien dice ser nieta, pues la formó en la lucha contra los grandes hacendados por la redistribución justa de la tierra.

Velasque tiene 47 años, es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene dos posgrados en la Universidad Andina Simón Bolívar, sabe de medicina ancestral indígena y hoy es coordinadora de la Red de Mujeres Políticas del Cotopaxi.

Dice que el movimiento indígena ha evolucionado, tiene líderes más preparados y agendas amplias que integran las necesidades del campo y la ciudad. Pese a ello, cree que el racismo persiste en el discurso de ciertos actores políticos que los tildan de “tontos útiles” o que califican al levantamiento de este agosto como una “simple movilización sin éxito”.

En Cotopaxi, Velasque es conocida por romper la hegemonía machista de la política provincial. Fue en 2005 la primera mujer indígena elegida como consejera y también la primera viceprefecta de esa provincia.

Su mayor éxito electoral le dejó a la vez un gran dolor de cabeza. Un examen especial realizado por la Contraloría a la Prefectura de Cotopaxi, entre los años 2007 y 2009, determinó que el prefecto César Umajinga, de Pachakutik, y sus siete consejeros, incluida Velasque, recibieron “remuneraciones erróneas”. La autoridad, en 2011, recomendó la destitución del prefecto y multó a Velasque, así como a los demás consejeros, con $ 5.280.

Ella no pagará nada, pues, asegura, no ha cometido irregularidad alguna. Califica a este proceso como un acto politiquero de la autoridad con el fin de hacer daño al movimiento. Hoy Velasque dirige la Unidad de Género e Interculturalidad del Gobierno Provincial de Cotopaxi, donde su coideario, Jorge Guamán, es prefecto. (I)

Hablar del Sumak Kawsay, de la plurinacionalidad o de interculturalidad es algo más profundo que solo tener un embajador o un director indígena”. Blanca Velasque