Como un “retroceso” en el control del buen uso de los recursos públicos, califica el contralor general del Estado, Carlos Pólit, a la modificación de dos artículos de la Constitución propuesta por el oficialismo, pues a su criterio, le quitan a esa entidad la facultad para evaluar la gestión que hacen las autoridades de las inversiones públicas.

Su preocupación la expresa en un escrito que remitió a la Corte Constitucional (CC) el 24 de septiembre pasado; en este pide rechazar enmiendas presentadas por el bloque legislativo de Alianza PAIS (AP).

“Cumplo así mi deber con el país, cuando advierto que limitar las competencias de la Contraloría General del Estado pone en riesgo el uso transparente de los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos”, menciona en su escrito.

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La autoridad se opone a la propuesta que busca cambiar los artículos 211 y 212 de la Constitución.

El primero, explica, dice que la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, pero en la propuesta se elimina la frase “la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado”.

El segundo faculta al organismo a determinar responsabilidades administrativas, civiles y culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con aspectos y gestiones sujetos a su control. El proyecto de AP retira la palabra “gestiones”.

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Así, según Pólit, se niega el hecho de que el control es un sistema y no un conjunto aislado de actividades. Por tanto, cree que el cumplimiento de los objetivos institucionales no puede ser evaluado sin tomar en cuenta la obtención de los objetivos de los administradores en la inversión pública.

Para el contralor, la propuesta modifica y altera la estructura de esos artículos. Y que por ello el procedimiento debería ser el de reforma constitucional, no el de enmienda que propone AP.

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El artículo 442 de la Constitución señala que la reforma constitucional será tramitada en la Asamblea en al menos dos debates con 90 días de diferencia entre uno y otro; luego debe efectuarse un referéndum.

Argumentos de lado y lado
El contralor Pólit solicita en su escrito a los jueces constitucionales analizar “profunda y cuidadosamente” la propuesta para que, como garantes de la vigencia de la Constitución, “rechacen las reformas que se pretenden introducir”.

Para la asambleísta de AP, Gina Godoy, será la Corte Constitucional la que defina si su bloque o el contralor tienen razón en sus argumentaciones: “Eso lo sabremos antes de que concluya este mes, porque estamos atentos a lo que resuelva la CC”, sostuvo.

Para esta oficialista, auditar la gestión significaría, por ejemplo, en el caso de los gobiernos seccionales, interferir en los espacios de toma de decisiones de las autoridades de esas instancias, cuando el fin de la Contraloría es verificar el adecuado y óptimo uso de los recursos públicos. Por tanto, considera, la modificación no afecta el fin institucional del organismo.

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Las normas defendidas por Pólit, de acuerdo con Godoy, fueron introducidas durante los últimos dos meses de trabajo de la Constituyente de Montecristi, que fueron muy intensos y de mucha presión por cumplir los plazos dados por el pueblo en la consulta popular.

Análisis
Corte constitucional

Audiencias de interesados
El contralor Carlos Pólit no participó en las audiencias convocadas el mes pasado por la Corte Constitucional. Unas 25 personas que entregaron amicus curiae asistieron.

Propuesta en estudio
El proyecto de enmienda del oficialismo plantea 18 cambios a artículos y transitorias de la Constitución vigente.

Espera de pronunciamiento
Una vez que la Corte emita su criterio, la Asamblea formará una comisión que prepare el informe para primer debate.