Vigilar que se cumpla el acuerdo firmado entre Ecuador y Colombia relativo a la fumigación de los cultivos ilícitos en la frontera común es el objetivo que se planteó una veeduría que integró el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

Waldemar Jiménez es el coordinador del grupo, que está integrado por otras cuatro personas. Él explica que centrarán su observación en los reportes que haga Colombia de las aspersiones y en el trabajo del científico que se encargará de vigilar que no haya afectaciones al territorio ecuatoriano.

El convenio se firmó el año pasado para dar fin al litigio que se ventilaba en la Corte Internacional de La Haya.

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Ambos países acordaron mantener una zona de exclusión de diez kilómetros de distancia de la frontera ecuatoriana, aunque esa zona se reducirá a cinco al año de la firma del documento y al finalizar el siguiente se reducirá a dos.

“Hace diez años el Gobierno ecuatoriano decidió poner un juicio por las afectaciones y la sociedad civil colaboró. Ahora, diez años después, no sabemos qué pasará con la propuesta del Ecuador que terminó transando con el Gobierno de Colombia un acuerdo entre lunas y medias noches que le permita a ese país fumigar sin respetar necesariamente los diez kilómetros”, increpó el veedor.

Jiménez señaló que pedirán citas en Cancillería para obtener información sobre los estudios que entregue Colombia.

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Millones de dólares es el monto de la indemnización que pagó Colombia a los afectados por las aspersiones.