El Consejo de la Judicatura establecerá jornadas especiales de audiencias para resolver los pedidos de 300 personas privadas de la libertad (PPL) que consideran que con el Código Orgánico Integral Penal su pena se redujo o el tipo penal quedó extinto.

Ayer la Mesa de Justicia, que también la conforman la Fiscalía General y la Defensoría Pública, hizo la primera evaluación de los aspectos negativos y positivos de la aplicación de la norma desde el 10 de agosto.

En esta cita se conoció que hasta ahora 197 personas han recuperado la libertad, luego de audiencias públicas, por la aplicación de la favorabilidad de la ley y que hay unos 300 casos más represados esperando una resolución.

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Para resolverlos, el fiscal general, Galo Chiriboga, propuso crear un equipo de 50 fiscales con igual número de jueces y defensores públicos para que en uno o dos fines de semana se evacúen audiencias y se defina la situación de estas personas.

La Mesa de Justicia también anunció que emitió un reglamento, el viernes pasado, para agilitar la entrega de boletas de auxilio a víctimas de violencia intrafamiliar cuando la agresión pasa de ser contravención (incapacidad menor a tres días) y se convierte en delito.

En este último caso, se abre una investigación de Fiscalía y es el fiscal quien solicita a un juez que emita la medida de protección, lo que podía tomar días, incluso semanas, según las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.

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Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, dijo que con el nuevo reglamento “el fiscal por cualquier vía, correo electrónico o llamada telefónica, puede poner en conocimiento del juez que tiene una persona que denuncia ser víctima de maltrato y el juez deberá emitir la boleta inmediatamente”.

Uno de los aspectos que las autoridades resaltan como bondad del Código es la aplicación de los procedimientos directos, que se juzgan en máximo diez días, para casos de delitos flagrantes que tienen una pena menor a cinco años.

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Cifras dadas por las autoridades indican que hasta el 8 de septiembre, 177 casos recibieron sentencia bajo ese mecanismo y 500 procesos están pendientes de resolución.

Sin embargo, una falencia detectada es que algunos jueces, especialmente en cantones pequeños, confunden el procedimiento abreviado (cuando una persona reconoce el delito y se somete a juicio) con el procedimiento directo.

Se prevé realizar nuevas capacitaciones para estos funcionarios judiciales, con el objetivo de solucionar la confusión.

Sentencias
Con el juzgamiento bajo la modalidad de procedimiento directo en flagrancia se ha encontrado culpables a 71 personas, se ha ratificado la inocencia de 67 procesados. Además, 30 casos se han resuelto por conciliación.

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