La ‘Rebelión’ se establece como delito

De cinco a siete años de prisión establece como sanción el art. 336 del COIP a quien realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento del gobierno, aunque al mismo tiempo se afirma: “Sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia”. Este delito es definido como “Rebelión”.

Si a este hecho se añade el agravante de levantarse en armas para ese derrocamiento, impedir la reunión de la Asamblea Nacional o disolverla, impedir elecciones o promover un movimiento armado para alterar la paz del Estado, la pena se incrementa de siete a diez años.

Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, cree que en el COIP se han afinado penalmente ciertos delitos para limitar la protesta.

Los “Actos hostiles contra el Estado” (art. 339) recibirán de 10 a 13 años; “Paralizar un servicio público” (art. 346) tendrá pena de uno a tres años. El delito de “Sabotaje” (art. 345) será sancionado con una pena privativa de libertad de cinco a ocho años.