Las organizaciones sociales tendrán seis meses adicionales para que actualicen información y envíen sus datos al Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) y a la Secretaría de Comunicación del Estado (a esta última en caso de que sean organizaciones dedicadas al periodismo) sobre su constitución, objetivos y manejo y procedencia de recursos.

Ayer, el presidente Rafael Correa emitió el decreto N° 355 en el que amplía el plazo de 365 a 545 días, argumentando que el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) "debe contar con una herramienta tecnológica adecuada para lograr los objetivos que se propone en el marco del cumplimiento del primer objetivo del Plan del Buen Vivir 2013-2017".

El plazo debía vencer el próximo jueves, según el decreto N° 16 del 20 de junio del 2013, en donde se señalaba que el sistema iba a estar implementado desde el 20 de junio del 2014 para que todas las organizaciones sociales, las entidades u organismos competentes del Estado, las ONG (organizaciones no gubernamentales) y quienes administren documentación, información o promuevan organizaciones sociales,  ingresen al portal web del SUIOS, toda la información y la documentación requerida.

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"La no actualización de la información será considerada como inactividad de la organización", señala la segunda disposición transitoria del decreto N° 16.​

​Además. disponía que desde el próximo jueves la Secretaría Nacional de Gestión de la Política debía contar con el catastro nacional de las organizaciones sociales.​

El decreto N° 16 ha sido cuestionado por diferentes sectores, incluso la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) dijo que este documento privará a la sociedad ecuatoriana de un modo de participación aceptado en democracia.

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“El decreto no solo busca subordinar a la sociedad civil al control gubernamental desde el momento en que la aprobación de la personalidad jurídica dependerá de la buena voluntad de la autoridad de turno en el área en que se quiera trabajar”, aseguró.

Las organizaciones Fundamedios, Ecuarunari y la Unión Nacional de Educadores, han presentado acciones legales y de amparo constitucional en contra del decreto.

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