Detención para cinco de Publi-Fast

Eduardo Antonio Díaz Navarrete, juez de Garantías Penales del Guayas, dispuso ayer la detención para investigación de cinco personas que estarían relacionadas con la compañía Publi-Fast, la cual habría estafado a miles en el país.

Se trata de Luis Alberto C. C., supuesto dueño de la compañía; su madre, Aracelly C. M.; su padrastro Joel Francisco M. A., el presentador de televisión Roberto Vicente A. L. y la hermana de este, Lysis A. L.

Díaz, por solicitud del fiscal de lo Penal Miguel Vélez León, ofició a la Policía Judicial del Guayas que disponga de personal que “proceda a su localización y detención, y hecho que fuera, sean trasladados hasta las dependencias policiales que corresponda (...)”.

Aunque Vélez no quiso referirse a otras medidas cautelares solicitadas, Hernán Ulloa Ordóñez, abogado de más de dos mil perjudicados, indicó que se había solicitado el congelamiento de las cuentas bancarias de los supuestos representantes de Publi-Fast y dispuesto la prohibición de salir del país.

Hasta el mediodía de ayer, según el fiscal, se habían presentado más de 900 denuncias en contra de la compañía que reclutaba gente para publicitar marcas de otras empresas a través de la red social Facebook.

Ulloa, en cambio, habló de más de dos mil quejas en todo el país. Luis C. C. en una entrevista habló de que en menos de un año (desde octubre del 2013) su compañía había captado a más de cien mil afiliados.

Ayer, a las 09:00, Manuel Vélez acudió a las calles Gómez Rendón y Cacique Álvarez, donde funcionaba Publi-Fast, para hacer un reconocimiento del sitio. Pero encontró el local cerrado y con un letrero que decía “Se alquila”.

El fiscal indicó que estaba esperando a que la Policía remita un parte detallando los objetos que rescataron e incautaron en días pasados, cuando decenas de personas ingresaron a las instalaciones de Publi-Fast para reclamar sus haberes.

El coronel de Policía Rodrigo Ocaña, del Distrito 9 de Octubre, dijo que desconocidos se llevaron bienes de la empresa, entre ellos varios CPU, y que la lista de lo decomisado fue enviada al fiscal de turno.

Mientras, Jorge Rojas, de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, comprometió la ayuda del Gobierno a través de las instituciones que estuvieran relacionadas al proceso judicial que lleva a cabo la Fiscalía.

Johnny Alcívar, del Servicio de Rentas Internas (SRI), dijo que se hará una investigación para determinar quiénes sacaron RUC (Registro Único de Contribuyentes) para trabajar con Publi-Fast y ayudarlos de tal manera que no se vean perjudicados por las facturas en blanco que entregaron.

900
denuncias se habrían presentado hasta ayer en la Fiscalía.