Censura en Venezuela se agrava con protestas

Se despidieron la medianoche del 27 de mayo del 2007 gritando a la audiencia “¡libertad, libertad!”. No eran ciudadanos que reclamaban atención en las calles sino directivos, periodistas y empleados de Radio Caracas Televisión (RCTV) que rechazaban, en su última transmisión, el cese obligado tras 53 años de actividad.

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El gobierno del entonces presidente Hugo Chávez acusó a este medio, y a otros dos canales, de haber promovido el golpe de estado que lo sacó brevemente del poder (11, 12 y 13 de abril) en el 2002. Cinco años después decidió no renovar su licencia y lo sustituyó por la naciente Televisora Venezolana Social, en su señal abierta.

El cierre del medio televisivo de mayor audiencia de Venezuela provocó el descontento ciudadano que protestó en las calles. Siguió informando por cable como RCTV Internacional hasta el 2010 en que el Conatel, organismo que regula las telecomunicaciones, también suspendió la señal y la de otros cinco canales internacionales.

Para algunos analistas políticos el cierre de RCTV marcó un punto de inflexión en la historia de los medios de comunicación en Venezuela. La relación que Chávez tenía con la prensa, que lo apoyó en su elección en 1999, se resquebrajó. Cerró 34 radios e impulsó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos o Ley Resorte, que pena con prisión los “delitos mediáticos”.

Los cuestionamientos a los medios de comunicación calificados como opositores se mantienen en el gobierno del actual mandatario, Nicolás Maduro, quien en el 2013 creó el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), antes denominado Sistema Nacional de Medios Públicos.

Catorce medios (seis estaciones de TV) están adscritos al Sibci. El Mundo, en una nota publicada en su sitio web en el 2012, menciona 13 canales y 107 radios de servicio público y 20 diarios identificados como “pro gobierno o equilibrados”.

La arremetida de Maduro se ha centrado en los medios que difundieron las protestas del pasado 12 de febrero, convocadas por la oposición y que dejaron tres muertos y decenas de heridos y detenidos.

El primero en ser sancionado fue el canal colombiano NTN24, que reportó en directo las muertes. Su señal que se transmitía en Venezuela por la televisión por cable fue cerrada, dijo Maduro, por razones de Estado. El Conatel ya había advertido con sanciones para aquellos medios que hicieran “promoción de la violencia”.

Organizaciones no gubernamentales cuestionaron la limitada cobertura que dieron las televisoras nacionales a las marchas. Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se abstuvieron de pasar imágenes de las protestas.

La sanción que recibió NTN24 se extendió a la cadena estadounidense CNN por su cobertura en las protestas. El gobierno revocó el permiso de trabajo a cuatro corresponsales, pero después reactivó las credenciales solo a dos.

El gobierno de EE.UU., en su informe del 2013 sobre los derechos humanos en varios países, señala que las “limitaciones prácticas en las libertades de expresión y prensa” en Venezuela, como consecuencia de leyes y regulaciones gubernamentales, crean “un clima de miedo y autocensura”. Varios periodistas venezolanos dicen que a diario lidian con la censura y el bloqueo informativo.

La crisis en los diarios por el atraso en la entrega de divisas que les impide importar papel periódico es, para directivos y comunicadores, también una censura a su labor y el riesgo de que unas 30 mil personas pierdan sus trabajos. Por eso salieron a las calles a protestar. Algunos periódicos han reducido su paginaje como El Nacional y otros han optado por difundir la información en sus webs. Desde el 2013, 9 diarios han cerrado y otros 29 medios han suprimido paginaje y suplementos.

Ante la poca cobertura de las manifestaciones por la inseguridad y la crisis económica, las redes sociales han sido la opción para los ciudadanos que buscan información, difunden u opinan, aunque no se tenga la certeza de que todo lo que se publique sea verdad.

En tanto, el viernes, nuevos incidentes dejaron 41 presos en Altamira (Caracas) y ayer, cientos de personas marcharon para pedir la libertad del opositor Leopoldo López. Según Efe, hubo más detenciones.