El juez 6º de Garantías Penales Franz Valverde vinculó ayer a 22 efectivos militares en el caso que se investiga por el supuesto delito de sabotaje a los servicios públicos y privados.

Este caso es por la toma de la Base Aérea Mariscal Sucre, ocurrida el 30 de septiembre del 2010, un hecho paralelo a la sublevación policial. A los miembros de las Fuerzas Armadas se los acusa de participar en esa manifestación.

Con su resolución, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prohibición de salida del país de ese grupo de nuevos acusados.

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Con esta nueva vinculación, el número de procesados en ese caso subió a 225.

La Fiscalía solicitó la instalación de siete audiencias similares; por ello, esta institución tendrá 300 días para investigar: 90 de la instrucción fiscal inicial y 210 días por las siete vinculaciones.

Ello considerando que, con cada una de estas diligencias, la fase de instrucción tiene 30 días adicionales de duración.

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La investigación se abrió el 26 de marzo del 2013 para indagar la toma de la Base Aérea de la capital, presuntamente por parte de personal militar y policial, quienes entonces protestaban por la expedición de la nueva legislación sobre el servicio público.

Aurelio Garófalo, abogado de alrededor de 80 procesados en este caso, defendió la inocencia de sus clientes, al afirmar que se violó el debido proceso en el trámite de la causa.

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Esto porque, a su criterio, sí existió un delito ese día, fue uno por incumplimiento de funciones militares.

Según el abogado, la Fiscalía adelantó que esta será al última vinculación dentro del caso y, por lo tanto, la fase de instrucción fiscal debería cerrarse el próximo 10 de febrero.

Luego corresponde tramitar la etapa preparatoria de juicio y de sustentación de dictamen fiscal.