El anuncio de los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez de que renunciarán una vez que entre en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) mostró diversas posiciones en la Asamblea sobre la posibilidad de modificar el articulado.

El legislador Miguel Carvajal (AP) indicó que los médicos tienen derecho a expresar su punto de vista, pero que en el Código se está planteando que en caso de incumplimientos de protocolos y normas, los profesionales (sin dedicatoria) deben entender que la sociedad necesita protegerse de las malas prácticas.

Carvajal no descartó que en la votación de reconsideración del libro sobre infracción se puedan hacer cambios, pero advirtió que no legislarán bajo la presión de algunos grupos.

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Pero la asambleísta de AP y médica María José Carrión tiene puestas las esperanzas en el veto del Ejecutivo, para que allí se enlace al homicidio culposo por mala práctica profesional con la realización de peritajes especializados.

“El pedido a los médicos es que por favor no paralicen el servicio de salud, porque corren riesgo las vidas que necesitan atención (...)”, expresó.

Ricardo Moncayo (CREO) sostuvo que los médicos tienen todo el derecho de oponerse a una disposición legal y consideró que en el articulado faltan unas aclaraciones adicionales: que ellos no tienen la intención de causarle daño a una persona y que se podría producir un hecho fortuito.