Ecuador acusó a la petrolera anglofrancesa Perenco de haber causado daños ambientales en la Amazonía tras suspender intempestivamente sus operaciones en 2009, informó la Procuraduría General este martes.

El jefe de ese organismo, Diego García, que actúa como abogado del Estado ecuatoriano, ventiló la acusación durante una audiencia del pleito que libran las partes en un tribunal de arbitraje en La Haya.

Los jueces "tienen la oportunidad de declarar inadmisible y condenatorio que una empresa haya abandonado un bloque petrolero sin considerar los daños ambientales que produjo la suspensión de sus operaciones", sostuvo García citado en la nota oficial.

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La Procuraduría señaló que Perenco operó dos campos petroleros "de manera negligente, dejando la Amazonía ecuatoriana contaminada", aunque no especificó el alcance de los daños que le atribuye a la compañía.

Perenco y su socio estadounidense Burlington interpusieron una demanda internacional contra Ecuador por unos $ 400 millones, alegando la caducidad arbitraria de su contrato.

El consorcio fue acusado por las autoridades de abandonar sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana el 16 de julio de 2009, tras rechazar una ley que fijaba una nueva repartición de las ganancias extraordinarias por el alza de los precios del crudo.

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Al momento de su salida del país, Perenco y Burlington extraían conjuntamente unos 21.365 barriles diarios (b/d) de crudo de los bloques 7 y 21.

En su contrademanda, el procurador García insistió en que la empresa abandonó sus operaciones en rechazo a una ley interna, por lo que el Estado debió asumir la explotación de los dos bloques que le habían sido adjudicados.

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Perenco no consideró "los daños ambientales que produjo la suspensión de sus operaciones y los costos en los que debió incurrir el Estado a causa de la falta de mantenimiento a la infraestructura, equipos y sistemas con los que esa empresa operaba", señaló el funcionario.

En 2012, la justicia ecuatoriana condenó a la estadounidense Chevron a pagar $ 19.000 millones por daños ambientales en la Amazonía, aunque el proceso todavía aguarda una decisión final.

El gobierno de Rafael Correa alienta desde hace años la creación de tribunales regionales de arbitraje, tras acusar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, de fallar siempre en favor de los grandes capitales.