Por una demanda presentada por 46 extrabajadores de la Prefectura de Esmeraldas, la Corte Constitucional resolvió destituir a la prefecta de la provincia, Lucía Sosa, y a la procuradora síndica, Rocío Valdez, a quienes se les responsabiliza del incumplimiento de un sentencia constitucional.

Lucía Sosa se había negado cumplir una disposición para el reintegro de esos trabajadores despedidos en enero del 2005 por lo que presentaron un amparo constitucional en contra de la funcionaria. Dos fallos en el 2006 y en el 2011 determinaron el reintegro, pero la Prefecta se negó a hacerlo.

La resolución se tomó la tarde del miércoles por unanimidad en la sesión del pleno de la Corte Constitucional.

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El numeral 4 del artículo 86 de la Constitución, señala que "si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o el juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la Ley".

La Prefecta afiliada al Movimiento Popular Democrático (MPD), aspira que la Corte revea su decisión.