Plazo de la reforma minera pone en duda consulta prelegislativa

El movimiento Alianza PAIS (AP) cierra la posibilidad de que las reformas a la Ley de Minería, propuestas por el Ejecutivo, pasen por la consulta prelegislativa.

Ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este proyecto, que tiene el carácter económico urgente y lo remitió a la Comisión de Régimen Económico. Este organismo tenía previsto definir el cronograma para su trámite.

La rapidez con la que AP impulsa la discusión de este texto demuestra que el único camino del oficialismo para esta ley es aprobarlo en el plazo de los 30 días que establece la Constitución para esta clase propuestas legales.

El viernes pasado, el movimiento Pachakutik (PK) exigió el cumplimiento de la consulta, bajo el argumento de que se estarían violando los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en zonas donde existen proyectos de explotación minera y de un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC).

En la sentencia de la Corte sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada a la Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial del 21 de abril del 2010, se dispuso la obligación de realizar la consulta prelegislativa para la aprobación de normas que puedan afectar a derechos colectivos de los grupos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Se declaró a este proceso como sustancial y no de forma.

Además de que los artículos de esta ley referidos a declaratorias de utilidad pública, servidumbres, libertad de prospección, otorgamiento de concesiones mineras, construcciones e instalaciones complementarias generadas a partir de un título de concesión minera y consulta ambiental serán constitucionales siempre y cuando no se apliquen respecto de los territorios de estos grupos.

En el proyecto de reforma no se propone ninguna modificación a estas disposiciones y trata sobre la introducción la figura de caducidad de los derechos mineros, una nueva clasificación para la pequeña, mediana y gran minería.

También establece como requisito para la ejecución de estos proyectos, la obtención de la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y el reporte de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterráneos, de parte de la autoridad única del agua.

Para el oficialismo, la consulta es inaplicable porque existe el mandato constitucional de que los textos económicos urgentes deben tratarse en el plazo de 30 días, o de lo contrario pasarán por el ministerio de la ley.

En ese sentido, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga (AP), aclaró que la sentencia de la CC no abarca a los textos remitidos bajo esa figura porque los plazos de la consulta imposibilitarían el cumplimiento de esta disposición.

Su colega Virgilio Hernández (AP) coincidió con esa interpretación, pero aclaró que será la Comisión de Régimen Económico, presidida por el oficialista Oswaldo Larriva, la que debe definir si se da paso o no a la consulta.

Pidió a los representantes de PK que precisen en qué puntos de este proyecto se vulnera los derechos colectivos de comunidades indígenas.

La legisladora Lourdes Tibán (PK) dijo que bajo ese criterio a todas las leyes se les puede declarar de urgencia económica para no cumplir con la consulta prelegislativa y así “irrespetar los derechos de los pueblos”.

Aseguró que pese a que el proyecto trata de cambios en el pago de impuestos, estos también afectan a estos sectores por lo que deben pronunciarse en este proceso.

El asambleísta Ramiro Aguilar (SUMA) señaló que el punto medular de la propuesta legal es que el Estado, sin seguir un proceso de subasta pública, lleve adelante negociaciones con empresas públicas o corporaciones sobre las concesiones mineras que están en su poder y la creación de tributos.

En ese sentido, dijo que se debe poner en un mapa el lugar de los proyectos mineros y las zonas donde habitan las comunidades indígenas.

“Solo si hay un territorio en que existen concesiones y viven pueblos y nacionalidades hay que hacer consulta prelegislativa. Así lo establece la Constitución”, dijo.

Aguilar advirtió que solicitará al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables información sobre en dónde están estos proyectos.

Hernández justificó el envío a la mesa de Régimen Económico porque la reforma está relacionada con temas tributarios.

RESOLUCIONES

Trámites seguirán su curso

El Consejo de Administración Legislativa resolvió que todos los proyectos en discusión continuarán su trámite en la fase que quedaron en el anterior periodo.

Directiva en todas las mesas

Las trece comisiones de la Asamblea ya cuentan con sus autoridades y están habilitadas para tramitar proyectos de ley.

Rivera en Fiscalización

El oficialista Gabriel Rivera fue elegido ayer presidente de la Comisión de Fiscalización. A más de los votos de AP recibió el respaldo de Jhony Terán (PSC-CREO) y Luis Tapia (SP). La oficialista Marllely Vásconez fue nombrada vicepresidenta de la mesa.

Desarrollo Económico

El oficialista Juan Carlos Cassinelli fue designado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico; y Lídice Larrea, vicepresidenta.