La noche del pasado miércoles sicarios a bordo de un vehículo interceptaron la camioneta en la que se movilizaba Ricardo Calderón, jefe de Investigación de la revista Semana. Los hombres preguntaron por su nombre y comenzaron a disparar.

Calderón se salvó al huir y esconderse en una zanja de la carretera del municipio de Girardot, en el departamento de Cundinamarca, unos 85 km al suroeste de Bogotá.

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Ese día, Calderón estuvo con unas fuentes de información en el fuerte militar de Tolemaida, para tratar, al parecer, de irregularidades en su funcionamiento. El reportero había denunciado en el 2011 un escándalo por los lujos y permisos de los que gozaban algunos militares condenados por violaciones a los derechos humanos y retenidos en esa base, que también funciona como cárcel en el departamento del Tolima.

Según el director de Semana, Alejandro Santos, en los días previos al atentado y a raíz de las investigaciones que estaba realizando, Calderón había sido objeto de seguimientos y sus fuentes habían sido acosadas.

Quince días atrás, Calderón publicó un segundo artículo sobre irregularidades en la base militar, que tituló “Tolemaida Resort”, dado los privilegios de los que gozan algunos militares recluidos allí. Sergio Mantilla, comandante del Ejército, anunció el pasado sábado el cierre del polémico penal y el traslado de los presos que estaban violando códigos y disciplinas.

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En febrero del 2009 Calderón inició una serie de publicaciones sobre una red de espionaje desde la Policía secreta contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, activistas y en general contra opositores del gobierno del presidente Álvaro Uribe que desencadenó una investigación que tiene tras las rejas a más de 20 exdetectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tuvo preso al exsecretario general de la presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, y en el exilio a la exdirectora del ente, María del Pilar Hurtado.

Calderón también ha hecho denuncias periodísticas sobre los nexos entre el paramilitarismo y la clase política del país.

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Por esos casos la revista ha recibido numerosas amenazas e intimidaciones, pero esta vez se hizo público por la gravedad y porque la noticia se regó de inmediato en las redes sociales.

El hecho fue un golpe para la libertad de prensa en Colombia y para Santos una “noticia agridulce”, por ocurrir a dos días de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa y por el riesgo que representa el periodismo investigativo.

En una entrevista al diario español El País, Santos subraya que los medios deben cumplir un papel fiscalizador, pero reconoce que la labor investigativa es compleja y riesgosa.

“Los periodistas deben asumir un papel fiscalizador, de investigación, de ir a todos los rincones oscuros de la democracia, de mirar ese país que muchas veces no se ve en los titulares y donde se cocinan los grandes escándalos, los acuerdos mafiosos, los abusos de poder. Eso solo lo puede hacer la justicia o el papel fiscalizador de los medios”, dice.

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Para Santos, la justicia en Colombia cada vez funciona menos y por eso la capacidad investigativa de los medios se vuelve cada vez más crucial. La otra cara, la agria, está en que ejercer ese papel es peligroso porque toca intereses muy poderosos, refiere.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) destacó el atentado como el ataque más grave que ha sufrido la prensa del país en lo que va del 2013.

Mencionó el caso del periodista Yesid Toro, quien el 13 de abril se vio obligado a dejar la ciudad de Cali por “serias amenazas”, tras publicar un libro sobre la historia de un reconocido sicario asesinado.

“Por otro lado, preocupa la reaparición del fantasma de las interceptaciones ilegales a periodistas por parte de organismos de inteligencia del Estado”, indicó la Fundación.

El director de Semana alertó sobre todo de la situación de los periodistas que trabajan en las regiones colombianas: “el 80% de periodistas asesinados son de provincia y ahí está la vulnerabilidad de la prensa”.

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va de este año en Colombia se han registrado 30 casos de periodistas en problemas o amenazados.