El 28 diciembre de 2020, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) subastó 216 hectáreas del bosque Santa Catalina, ubicado en la parroquia Uyumbicho, en el cantón Mejía, Pichincha. Aunque los terrenos son de propiedad de Inmobiliar, esta zona consta como área protegida por ordenanza municipal desde 2011.

La subasta se realizó a través de la plataforma Zoom y fue transmitida por medio de Facebook Live. La única oferta por este predio fue presentada por la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional (Ayllupura), con el fin de fraccionar el terreno y vender lotes, de hasta 200 metros, para la construcción de viviendas. El precio fue establecido en $ 1′621.189.

Una vez conocida la subasta, el Municipio de Mejía presentó una acción de protección en contra de Inmobiliar, cuenta Roberto Hidalgo, alcalde del cantón. Sin embargo, el recurso legal fue negado por lo que el cabildo solicitó una serie de reuniones con autoridades y sociedad civil para tratar de revertir la subasta.

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“Nosotros perdimos la acción de protección pese a tener la documentación y la razón, y demostramos que esos predios no eran urbanizables. Pasó más de un año y ellos (Ayllupura) no consignaron el $ 1′600.000, por lo que el 10 de enero pasado Inmobiliar declaró la quiebra de la subasta”, dice.

La asociación, según Hidalgo, no pudo acceder a recursos económicos debido a las alertas y exhortos que dio el cabildo a las superintendencias de Compañías y la de Economía Popular y Solidaria: “Les dijimos que no eran suelos urbanizables, industriales o agrícolas y que no se podía dar su fraccionamiento. Actualmente hay un proceso legal en la Corte Provincial de Justicia, pero han pasado siete meses y no se ha pronunciado”.

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La construcción de casas en esa zona no solo se consideraba un problema ambiental por la deforestación y el fraccionamiento, sino que también generaría complicaciones al municipio y al propio Gobierno central, ya que se debía invertir hasta $ 500 millones para dotar de servicios básicos e infraestructura vial al área.

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Además, en Mejía entre un 40 % y 50 % del suelo urbano está vacante, es decir, hay espacios para la construcción de viviendas en lugares permitidos por el municipio.

Este bosque forma parte de un gran proyecto que pretende crear un biocorredor que una la cordillera Oriental con la Occidental, para proteger cerca de 100.000 hectáreas con la ayuda de cantones vecinos de Mejía. Foto: Cortesía

Gabriel Espinoza, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, y que fue parte de los colectivos que protestaron por la subasta y que han participado a través de amicus curiae en los procesos judiciales, afirma que el bosque de Santa Catalina tiene fuentes de agua, especies de flora y fauna, quebradas y restos de lo que fue el Camino del Inca, por lo que “no entiende la decisión de Inmobiliar”.

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Si la construcción de viviendas se realizaba, los colectivos ambientales advertían con la contaminación del río San Pedro y de las quebradas Saguanche, Jajarín y Aychamasa.

Espinoza añade que este bosque forma parte de un gran proyecto que pretende crear un biocorredor que una la cordillera Oriental con la Occidental, para proteger cerca de 100.000 hectáreas con la ayuda de cantones vecinos de Mejía.

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“Lo hemos llamado el corredor del puma. Queremos que el puma recorra desde la cordillera Oriental, que actualmente en esta zona hay estos felinos, y llegue hasta la cordillera Occidental; esta zona ha sido mal cuidada en general. Unimos la reserva del Pasochoa y la del Atacazo”, dice.

Tigrillos, zorros, cuchuchos y zarigüeyas serían otras de las especies que se verían beneficiadas con este corredor. Además, el bosque de Santa Catalina se considera el último remanente natural entre Quito y Mejía. En esta zona también hay vestigios del llamado Señorío de Uyumbicho y rieles del tren, que constituyen un patrimonio biocultural histórico y arqueológico por rehabilitar, indica Espinoza.

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Para evitar que a futuro este predio vuelva a ser subastado, el Municipio de Mejía pidió, por escrito, al Ministerio del Ambiente que este bosque forme parte del marco normativo nacional como una zona de protección. Hidalgo indica que también buscan que el terreno sea donado a la alcaldía para poder implementar un proyecto integral de conservación.

“Estamos conscientes de que desde nuestro cantón también sale el agua para ciudades como Quito, para las capitales, y por eso es importante conservar este bosque para las futuras generaciones”, añade. (I)