Al menos 222 campamentos mineros han sido detectados, a través de mapas satelitales, dentro del Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. El área superficial total afectada por la tala de madera y evacuación de sedimentos es de 28,4 hectáreas. Hay decenas de túneles que han sido perforados por mineros ilegales para extraer oro.

La afectación se da en la parte del parque que se ubica en Zamora a 13 kilómetros al sur del sector Romerillos Alto. Especialistas y técnicos de la Fundación EcoCiencia han levantado información, entre 2019 y 2022, sobre esta extracción que está causando un impacto grande a la biodiversidad de la zona.

Ambición por el oro contaminó el agua de Yutzupino, en Napo, con mercurio, diésel y gasolina, según colectivos

La extracción ilegal de oro se ha concentrado en tres frentes mineros: Dos Camas, San Luis y La Aída. El primero registró un total de 4,7 hectáreas (ha) afectadas por la tala y el depósito de sedimentos. Para agosto del 2019 este impacto era solo de 0,1 ha.

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El segundo, el más grande, reporta 11 ha de afectación. A agosto del 2019 el área con presencia de minería ilegal era de 3,7 ha. En tanto, en La Aída se registran 9 ha de afectación cuando en 2019 era de 4,3 ha.

La expansión de la minería ilegal en estos sectores tomó fuerza con la pandemia, dice Jorge Villa, especialista SIG (Sistemas de Información Geográfica) y sensores remotos de EcoCiencia.

Entendemos, a partir de los datos, que lo que ha impulsado esto es el accionar de la pandemia. Además, esto es una área protegida, por lo que se entiende que es una actividad ilegal”, afirma.

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La crisis económica ahondada por el COVID-19 ha hecho que decenas de ecuatorianos caigan en las manos de la minería ilegal y de sus inversionistas. También generó que los pocos controles gubernamentales sean aún más escasos. La topografía de los lugares donde se está extrayendo oro es muy compleja, por lo que se necesita de maquinaria pesada para la perforación de los túneles, lo que da cuenta de la cantidad de recursos que se están manejando.

Dentro del parque Podocarpus se han construido campamentos mineros. Foto: Cortesía EcoCiencia

El informe que ha levantado EcoCiencia es colaborativo y han participado personas que frecuentan la zona afectada y han confirmado la construcción de los campamentos y túneles. Los mineros ilegales llegan a las afueras del parque nacional y luego, a pie, se trasladan a estas zonas.

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Se estima que en Podocarpus existen 606 especies de vertebrados. El grupo más representativo en términos de abundancia son las aves con 560 especies, seguido por los mamíferos con 46.

Además, se han registrado 70 especies de árboles y en sus páramos 135 plantas vasculares. Adicionalmente, se considera un sitio de concentración de especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta zona. Otro grupo importante de estos bosques son las orquídeas, reportándose 63 especies (la mayoría empleadas con fines ornamentales), 25 de las cuales se encuentran bajo alguna categoría de amenaza.

Derrames petroleros, expansión minera, deforestación y tráfico de especies continuaron impactando a la naturaleza en Ecuador en 2022

Todas estas especies están siendo afectadas por la deforestación, el uso de explosivos. la remoción, depósitos de sedimentos y la contaminación del agua que causa la minería ilegal.

En el Parque Nacional Podocarpus habitan cientos de especies de flora y fauna. Foto: Ministerio del Ambiente

Esta actividad no ha podido ser frenada por el Gobierno en varios puntos a nivel nacional, incluso en aquellas zonas donde se realizaron grandes operativos que incluyeron el decomiso de maquinaria. El agua se calma y los mineros regresan.

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Un ejemplo es la provincia de Napo. El año pasado el Gobierno realizó un control en la localidad de Yutzupino, donde se contaminó el suelo y el agua hasta con gasolina. La semana pasada se conoció que ahora los mineros ilegales llegaron a Naranjalito. Un video en redes sociales mostró cómo con retroexcavadoras se partía el suelo cerca de un río y metros más adelante varias piscinas con sedimentos.

Personal del Ministerio del Ambiente verificó las afectaciones y afirmó que actuará con base en la normativa vigente. Desde el 2022 las autoridades han realizado 15 inspecciones y 8 operativos de control en conjunto, pese a ello la actividad ilegal sigue.

Gustavo Manrique, titular de la cartera del Ambiente, en entrevista con EL UNIVERSO reconoció que uno de los puntos en los que falló el Gobierno en 2022 son los controles a la minería ilegal. La promesa para 2023 es aumentarlos y, en especial, no solo llegar cuando el daño está hecho.

Si bien el Gobierno debe hacer controles, la sociedad civil también debe entender la gran afectación que se está realizando a la naturaleza y no participar de aquello o denunciarlo, señala Villa.

Actualmente en el país hay organizaciones como la Conaie que amenazan con un paro en los territorios indígenas donde se hace minería formal para “frenarla”, pero sus máximos líderes no hablan sobre la minería ilegal que también tiene gran presencia en sus tierras ancestrales. (I)