Para conservar las fuentes hídricas y los paisajes se creó, en 2009, el Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias en el cantón Juan Bosco de la provincia de Morona Santiago. Luego, en 2012, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica acordó la incorporación de Siete Iglesias como la primera Área Protegida Municipal al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador con una extensión de 16.029,03 hectáreas. Con esta declaratoria se definió como fundamental el rol de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para conservar áreas protegidas.

Los GAD disponen de áreas conservadas en sus territorios, pero no todas están delimitadas o no poseen el objetivo primario de conservación. En otros casos son reconocidas como áreas protegidas por instrumentos legales o por la población local, pero no en los sistemas nacionales. Este problema se da a nivel regional, indica un proyecto realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en colaboración con la Cooperación Alemana (GIZ).

Los GAD son las instancias de interacción político-administrativa más próximas de las comunidades y población local. Son figuras fundamentales para la adecuada gestión y gobernanza de áreas protegidas y conservadas de diferentes tipos y niveles administrativos. Además, dice la UICN, tienen la autonomía y la potencialidad para desarrollar acciones que favorecen a la protección de sus territorios y por eso es importante fomentar la declaración de áreas protegidas locales (APL).

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“El proyecto busca encontrar estas APL y darles fuerza, ya que muchas veces trabajan solas, no tienen personal capacitado y por eso no se ven soportadas. Además, busca capacitar a personas para que sepan, especialmente, la importancia de la conectividad de la conservación entre las áreas”, dice Stephanie Arellano, oficial del Programa Gestión de Biodiversidad de la UICN.

Los GAD pueden elaborar normas y estrategias de ordenamiento territorial buscando asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, ser la primera instancia de negociación y resolución de conflictos, fomentar la gobernanza ambiental promoviendo el análisis de paisaje y conectividad de áreas, dice la experta.

A nivel regional, países como Colombia y Perú no tienen la figura legal de APL, por eso Ecuador es ejemplo de este tema. Aunque esto no significa que las naciones no puedan crear estas zonas. En Ecuador, se han sumado otras dos APL: Área Ecológica de conservación La Bonita, ubicada entre Imbabura y Sucumbíos, y el Área Protegida Autónoma Descentralizada Cordillera Oriental del Carchi.

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El Área Ecológica de conservación La Bonita está ubicada entre Imbabura y Sucumbíos. Foto: https://areadeconservacionlabonita.gob.ec/

Además, el Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas Río Gualaceño, en Limón Indanza, y las áreas protegidas municipales de Masphi y Corredor del Oso Andino del Distrito Metropolitano de Quito están bajo análisis. Sin embargo, uno de los problemas de las APL es el financiamiento para su sostenibilidad.

Las visitas sin control a las áreas protegidas implican riesgos, como destrucción del hábitat e incendios

“Estas áreas eran muy poco visibles y por eso era muy difícil que accedan a fondos, de organismos internacionales, para capacitación y cuidado del área protegida. A través del proyecto hemos capacitado a la gente, creado espacios de discusión para acercar a las autoridades. En Ecuador, además, fomentamos las llamadas Otras Medidas de Conservación Eficaces Basadas en Áreas (OMEC)”, dice Arellano.

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El proyecto también busca que estas APL nazcan siempre que haya las condiciones requeridas y que se establezcan sobre alianzas, con empresas privadas, por ejemplo, que permitan entablar la sostenibilidad financiera de estas. Incluso se mostraron alternativas de financiamiento como el turismo bien gestionado, creación de contribuciones, el programa Carbono Cero impulsado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, servidumbres ecológicas o fondos de agua.

El Programa Ecuador Carbono Cero incentiva la implementación de medidas y acciones para la cuantificación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por parte del sector productivo del país. Y, además, se está estructurando un portafolio de proyectos de compensación enfocados en acciones de restauración, conservación de bosques y eficiencia energética. La idea es que las APL sean parte de este portafolio.

De hecho, según el ministro del Ambiente, Gustavo Manrique, el Gobierno tiene predisposición de conversar con los GAD para fomentar la protección, por ejemplo, de fuentes hídricas. En el país existen 64.000 hectáreas de protección hídrica y se estima que a 2025 sean 284.000. Estas zonas han quedado en manos de GAD que, a su vez, han creado sistemas mancomunados de conservación. “La idea no es solo esperar que el Gobierno Central otorgue recursos sino que haya distintas formas de financiamiento”, dice Arellano. (I)