¿Cuál es la hoja de ruta que debe seguir el sector privado, los municipios y las prefecturas del Ecuador para financiar proyectos ambientales con los fondos climáticos?

A partir del Acuerdo de París, en vigencia desde noviembre del 2016, se crearon varios fondos bajo el concepto de que los países ya desarrollados debían asignar recursos económicos para apoyar al resto de naciones a enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático. Este es un fenómeno originado por el calentamiento de la atmósfera debido a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) desde el inicio de la industrialización en el siglo XIX.

Las potencias, como Estados Unidos, Reino Unido, el bloque de la Unión Europea y China, son en la actualidad los principales emisores de GEI, pero históricamente también lo son Japón y Rusia. Estos aportan al Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund o GCF, por sus siglas en inglés), el más grande y conocido de estas fuentes de financiamiento.

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El GCF funciona bajo la mirada de Naciones Unidas con sede en Corea del Sur. Entre los requisitos para acceder está que los proyectos climáticos tengan la certificación de la autoridad nacional designada, en el caso del país, del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate).

Pero no es el único fondo disponible. Además está el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y otros manejados individualmente por los mismos países desarrollados o de forma regional a través de la cooperación internacional.

“Alemania, aparte de contribuir fuertemente al GCF, también tiene sus propios programas y mecanismos de financiamiento para enfrentar el cambio climático; los maneja a través de sus agencias de cooperación. Estados Unidos y China hacen lo mismo”, dice José Morales, coordinador del Programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Sociedad Alemana de Cooperación (GIZ, según sus siglas en alemán).

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La movilización de recursos desde los países desarrollados se justifica en que así hacen su aporte adicional al combate del cambio climático porque son los que lo causaron. “Todos los países se comprometieron a acciones internas, como Ecuador con reforestación, el cambio al transporte a eléctrico y a mitigar efectos”, dice Morales.

La primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en marzo de 2019, constituye el compromiso nacional en materia de cambio climático para los componentes de mitigación y adaptación.

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Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Maate, afirma que “su objetivo general es implementar políticas, acciones y esfuerzos que promuevan la reducción de GEI y el aumento de la resiliencia y disminución de la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático en los sectores priorizados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático”.

La NDC plantea dos escenarios. Uno incondicional, que representa las acciones a las que el país se compromete a ejecutar con recursos propios o ya comprometidos y en función de sus propias capacidades. Mientras que el segundo condicional se refiere a aquellas acciones que se podrían ejecutar si se dispone de los recursos técnicos, económicos, humanos para su implementación, y se espera que provengan de fuentes externas o de la cooperación internacional.

Otro de los requisitos para acceder a los fondos climáticos es que estén aportando de manera directa a la NDC. Solo cuatro proyectos nacionales en ejecución son financiados de forma directa a través de las fuentes de financiamiento del GCF y GEF, según el Maate.

El primero es el de “Promoción de instrumentos financieros y de planificación del uso de suelo para la reducción de emisiones y deforestación”. El segundo es el del “Manejo integrado de paisajes de uso múltiple y alto valor de conservación para el desarrollo sostenible de la región amazónica ecuatoriana”.

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El primero consiguió un financiamiento del GCF correspondiente a $ 41,1 millones y el segundo del GEF por $ 12,4 millones. El tercero es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que obtuvo tres millones de dólares del GCF.

El cuarto y último es el proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, con el fin de evitar la degradación de tierras y reducir los riesgos de desertificación en provincias vulnerables, que recibió $ 3,1 millones del GEF. Los cuatro proyectos suman $ 59,6 millones, pero el potencial es mayor.

Los fondos climáticos son una oportunidad en momentos de crisis económica con la generación de una acción que tiene fines positivos.

Uno de los mayores retos es facilitar y lograr que el sector privado, los municipios y las prefecturas del país también accedan de forma directa aplicando a los otros fondos existentes que manejan por su cuenta los países desarrollados y los bloques regionales.

Con la cooperación internacional técnica y financiera “se fortalecieron las capacidades del Maate para que revise y dé el visto bueno a los proyectos, y se ayuda al Banco del Estado para que capte recursos financieros verdes y los utilice en la generación de nuevas líneas de crédito para los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD)”, indica Morales.

Una forma de acceder es plantear proyectos en los que, por ejemplo, el tamaño de las redes del alcantarillado pluvial tome en cuenta las predicciones de la cantidad de lluvias que caerán en los territorios específicos. Uno de los impactos del cambio climático es que las lluvias aumentarán en ciertas zonas y en otras disminuirán.

Esto requiere de investigación y la acumulación de datos específicos de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.

“Quito y Cuenca hacen estas mediciones de forma periódica. El requisito más importante es justificar y probar el impacto frente al cambio climático que tendrá el proyecto, eso es lo que hay que aprender a realizar. Todo esto requiere de cálculos y capacidades que la mayoría de los municipios no las tienen”, asegura Morales.

El cálculo del combustible fósil que se dejaría de usar con el transporte eléctrico o las obras de mitigación para inundaciones y así proteger a las ciudades costeras también entran en estos planes.

Los bancos privados pueden servir de intermediarios con la captación de estos recursos internacionales para líneas de crédito verdes dirigidas al sector privado.

Los municipios pueden gestionar fondos de la cooperación internacional

¿De qué depende que más entidades estatales como los municipios accedan a estos fondos verdes climáticos?

Barrera dice que existen varios temas a considerar, como por ejemplo, “la necesidad de fortalecimiento de capacidades para el diseño y formulación de proyectos con acciones climáticas alineadas con las metas establecidas en las NDC”.

También constituyen una barrera, añade, los requisitos de los fondos climáticos que incluyen la necesidad de información y análisis que pueden resultar costosos o complejos, lo que requiere de inversiones que no se pueden realizar en una fase inicial de un proyecto.

La naturaleza de los fondos es otro escollo. “La necesidad de los municipios usualmente está orientada en mayor medida a temas de adaptación, lo que vuelve menor la oferta de fondos disponibles para este tipo de propuestas, ya que los fondos están dirigidos a la mitigación del cambio climático”, asegura la funcionaria.

Lo claro es que no todos los fondos climáticos son gestionados desde el Maate, por lo que los gobiernos locales también tienen la competencia de cooperación internacional.

“Los proyectos que llegan a esta cartera de Estado son diversos, pero se podría decir que no todos tienen una calidad alta o que estén alineados a las políticas y prioridades de cambio climático con la NDC. Es nuestro deber brindar asistencia técnica de manera objetiva para preparar a los proponentes para entregar propuestas alineadas a los requerimientos de los fondos climáticos y que estén alineadas a las líneas prioritarias del país”, indica Barrera.

Los tres cantones más poblados ya acceden a fondos que los países desarrollados ofrecen de forma directa

Aunque financieramente el tranvía, que funciona con electricidad en Cuenca, aún no es rentable, se espera que este sistema de transporte puede impulsarse con la reactivación.

La Municipalidad de Quito accedió al fondo Cities Finance Facility (CFF, que ayuda a las ciudades en las economías en desarrollo y emergentes a desarrollar proyectos de infraestructura) para financiar el estudio con el fin de electrificar la denominada Ecovía.

Este es un sistema de transporte masivo operativo cuyas unidades se mueven con diésel. “Los estudios son un primer paso, con ello ya Quito podría buscar un financiamiento específico que ahora lo está trabajando con el Banco del Estado. Esta última entidad intenta con los recursos climáticos grandes que trata de movilizar, pues, financiar el cambio, por darle un ejemplo”, dice Morales.

El estudio incluye cuánto de carbono se dejará de emitir con el uso de unidades eléctricas en la Ecovía. Entonces, con el financiamiento se hará la compra y la reconversión, al igual que la instalación de la infraestructuras, como las electrolineras.

Cuenca también trabaja con la cooperación internacional alemana (a través de la KFW-Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania) para tener un centro histórico libre de emisiones. “Esto significa establecer rutas de ciclovías, peatonizar espacios, reducir notablemente la cantidad de automóviles que ingresan al centro histórico y lo contaminan”, indica Morales.

La Municipalidad de Guayaquil, en cambio, finació el proyecto de la Aerovía, que funciona con electricidad, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Son caminos ya establecidos que el resto de municipios del país puede seguir como una forma alternativa de financiar proyectos de infraestructura. (I)