Representantes de organizaciones barriales, populares, transportistas y delegados de los choferes que operan las unidades de transporte urbano en Guayaquil mantuvieron esta semana una reunión en la que cada sector expuso la problemática que enfrenta en torno a la suspensión parcial del servicio que cumplió más de una semana.

Los buses urbanos solo dan servicio entre las 04:30 y 12:00, hora en que se despacha la última unidad de cada cooperativa. En adelante, los usuarios se trasladan en furgonetas y demás vehículos que ofrecen transporte alternativo.

Lenar Aldaz, en representación de los transportistas, señaló que los costos de operación y el alza de los combustibles, así como el aforo reducido por la pandemia, les imposibilita cubrir los gastos y las deudas que mantienen de sus vehículos.

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Por eso, sostuvo, se han visto obligados a racionalizar el servicio de las unidades, pero que su pretensión no es perjudicar al usuario con un alza de los pasajes.

Los transportistas, dijo, esperan que el Gobierno nacional y el Municipio porteño busquen alternativas de subsidio directo a la transportación pública.

Aldaz estimó conveniente que el Municipio dé facilidades para la importación de buses eléctricos inclusivos con rampas de acceso para personas con discapacidad.

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Guillermo Leones, de la Confederación Unitaria de Barrios, planteó que los transportistas no deben paralizar el transporte en horarios que perjudican a los trabajadores, empleados, amas de casa, jóvenes, es decir, a los más pobres de la ciudad.

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En ese marco, propuso que los transportistas consideren un cambio en la franja horaria de paralización.

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Por su parte, el representante de los choferes profesionales expuso la situación de este grupo. Dijo que tienen sueldos menos de lo mínimo, sin seguridad social y con horarios extendidos que sobrepasan las diez horas sin beneficio alguno.

Alfredo Carrasco, de la Asamblea de usuarios, habló de la necesidad de que se mantenga el valor del pasaje en $ 0,30, pues un aumento complicaría la economía de la población más pobre.

César Cárdenas, en representación del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, insistió en la necesidad de solicitar al Gobierno nacional el congelamiento del precio de los combustibles, así como emitir un subsidio directo con tarjetas electrónicas personalizadas que tengan una asignación mensual de combustible.

Una delegación se trasladó a la Defensoría del Pueblo y dialogó con Zaida Rovira, defensora subrogante, quien se comprometió a promover una mesa de diálogo en la que participen las autoridades locales, nacionales y los grupos implicados en el asunto. (I)

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