Desde hace un mes 150 representantes barriales se forman para convertirse en jueces de paz. Pertenecen a 26 sectores urbanos y 16 rurales de Guayaquil y fueron elegidos por su comunidad para una formación que les va a permitir solucionar conflictos en sus sectores, conflictos que no sean de ámbito penal, aclara Nelsa Curbelo, quien estará a cargo de las capacitaciones y dice que ni la Judicatura ni el Municipio los ha elegido.

Ella detalla que los jueces de paz van a poder solucionar conflictos comunitarios de manera pacífica.

Problemas entre arrendatarios, denuncia por basura, mascotas, árboles, pozos sépticos, ruidos, cerramientos y hasta deudas de hasta cinco salarios básicos unificados.

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Esta iniciativa la impulsan la Dirección de Acción Social del Municipio de Guayaquil con el Consejo de la Judicatura. En una rueda de prensa, los representantes indicaron que en total se capacita a casi 500 personas, pues además de los jueces de paz, en cada barrio debe haber dos ayudantes y que la persona debe tener al menos ocho horas disponibles cada semana para desempeñar esta actividad.

El 1 de septiembre serán certificados los primeros jueces de paz de Guayaquil, pero a nivel nacional hay 428.

Pero ¿qué deben aprender estos dirigentes barriales?

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Se los capacita de forma presencial y virtual para que aprendan a escuchar, a hacer preguntas, a tener una visión más creativa de la realidad y a buscar soluciones, responde Curbelo, quien destaca que así se construyen poblados más amigables.

Dora Alvarado, delegada de la Judicatura, destacó que ya hay 428 jueces de paz a nivel nacional y que sus funciones duran dos años, es decir, en 2023 se capacitará a los nuevos jueces de paz.

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Para que un barrio postule a alguien a esta dignidad se debe ser mayor de edad, gozar del respeto y conocimiento de la comunidad, haber vivido en los últimos años en el sector, no ejercer cargos públicos, no tener antecedentes y sobre todo equidad en su juicio.

Las entidades que impulsan este proyecto destacan que la justicia de paz es reconocida por la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que en otras ciudades han tenido excelentes resultados en la resolución de conflictos sin violencia. (I)