Que se agilice la legalización de tierras para que las obras lleguen a sus sectores y puedan ser ‘incluidos’ formalmente como parte de Guayaquil; que se dote de servicios básicos en áreas populares y periféricas donde aún compran el agua a los tanqueros y los pozos sépticos tienden a rebosarse frecuentemente; que haya mayor seguridad ciudadana; que se busque solución y que se les permita trabajar a los vendedores informales, porque la crisis económica golpea a todos; que se prioricen obras de acuerdo con las necesidades de los barrios, entre otros, piden habitantes y dirigentes en diversos sectores de Guayaquil.

Aquellos y otros pedidos ciudadanos vienen incluso desde administraciones municipales anteriores y se han repetido con mayor frecuencia a raíz de la pandemia del COVID-19, que desnudó realidades y desigualdades en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en las más populares y en las que menos ingresos económicos tienen, coinciden dirigentes barriales.

Ahora, parte de estos petitorios y necesidades constan en diez preguntas de una consulta popular que promueve el grupo social denominado Todos por Guayaquil, que agrupa a cerca de 60 organizaciones barriales e institucionales y a profesionales de diversas áreas como planificadores urbanos y académicos, resaltan los impulsores de esta propuesta que fue presentada formalmente el 25 de agosto último y que la Corte Constitucional deberá revisar su pertinencia. Luego, en caso de aprobarse, necesitará las firmas de respaldo del 10 % de la población del último padrón electoral (cerca de 200.000 habitantes) para que la ciudadanía vaya a las urnas.

“El mayor problema de Guayaquil es que tiene una carencia de participación ciudadana en todos los procesos de desarrollo de la ciudad, desde lo político, administrativo hasta lo territorial. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, cada vez que entra un nuevo alcalde se tiene que actualizar este plan, pero actualmente por la pandemia se aplazó la entrega de septiembre del año pasado, que era la fecha tope que se había previsto, hasta este septiembre… La alcaldesa dijo que iba a presentar también el plan maestro de la ciudad para julio, lo cual nunca lo presentó (a la ciudadanía en general)…”, expone Luis Alfonso Saltos, arquitecto, especialista y máster en Planificación Urbana y Regional.

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Para él, la principal falencia municipal es que sus autoridades subestimen al ciudadano, que piensen que no es capaz de dar una opinión referente al desarrollo de su barrio, de su cancha, de su área...

“Desde la lógica de la planificación, a técnicos y colegas que siempre hablamos de estos temas nos preocupa mucho porque nadie ha sido partícipe de la construcción de la actualización del plan de ordenamiento territorial. Si bien es cierto las universidades han colaborado actualmente, pero la ciudadanía ni siquiera conoce cómo se lo ha trabajado, la metodología, qué actores… Lo máximo que ha sacado el Municipio es un link con unos ejes y con una presentación que la hemos visto desde el año pasado”, agrega Saltos, planificador urbano.

Luis Gómez, presidente de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, cuenta que actualmente tienen un problema muy serio en parroquias densamente pobladas y populares respecto de la dotación de agua potable y del mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, por el que les cobran en las planillas de servicios básicos mensuales, además de reclamos en materia de seguridad, sanidad, prevención y otros que, sostiene, “vienen desde siempre”, desde 1910 cuando se empezaron a crear y a expandir “los barrios que han sido socialmente deprimidos” y cuya población, asegura, ha sido utilizada política y electoralmente por distintos gobiernos de turno que todavía no solucionan problemas elementales como la dotación completa de servicios básicos.

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Y cita de ejemplo al suburbio, a los Guasmos, a Barrio Lindo, sector aledaño a La Chala, a Mapasingue, a Monte Sinaí, Bastión Popular, Flor de Bastión, entre otros. O a lo que se traduce como zonas de las parroquias Febres Cordero, Ximena, Letamendi, Tarqui y una parte de Pascuales.

En las preguntas de esta iniciativa ciudadana constan también temas como la eliminación de las fundaciones municipales (en un plazo máximo de dos años); la creación de un sistema de pago único de uso multimodal para el transporte público que deberá hacer la ATM; que no se renueve el contrato con Interagua y que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) asuma la dotación del servicio de manera directa.

También consta la aprobación de un consejo permanente de seguridad cantonal para mejorar la seguridad ciudadana; que el internet que da el Municipio de manera gratuita, a través de puntos wifi (son más de 8.000), sea de manera ilimitada (actualmente es de 120 minutos por persona o usuario) para beneficiar sobre todo a sectores periféricos y rurales; que se reoriente el presupuesto del 2021 y la proforma del 2022 y que se lo destine con prioridad a los impactos económicos, sanitarios, sociales y educativos que ha dejado el COVID-19.

Otra de las propuestas es que Guayaquil tenga una tasa fija de recolección de basura (o desechos sólidos) y que se construya una ordenanza con participación ciudadana que incluya programa de reciclaje y reutilización de los desechos con incentivos y sanciones. También, que se les permita trabajar de manera libre y organizada a los comerciantes informales.

Además, un proyecto de ordenanza que reforme por completo la actual que regula el sistema de participación ciudadana en el cantón. Sobre esto último, la participación ciudadana, y el control o veeduría social, está presente en todas las preguntas.

César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil y quien aparece como demandante (persona natural) de la consulta popular, destaca la importancia de la participación, con voz y voto, de la ciudadanía en las políticas públicas y en los proyectos para el cantón, que, afirma, se hacen o se planifican a espaldas de la mayoría de ciudadanos.

Con él coinciden líderes barriales y sociales, así como académicos y planificadores urbanos entrevistados por este Diario, quienes han afirmado, incluso desde meses atrás, que los planteamientos o soluciones que se han dado a problemas de la ciudad han salido “desde una mirada elitista, no pluralista”, y “sin consultar realmente con la población, con los sectores inmersos”.

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No obstante, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y también funcionarios de direcciones municipales han reiterado en varias ocasiones que se han priorizado las obras; que el presupuesto municipal se reorientó y se ha destinado en su mayoría a los efectos ocasionados por el COVID-19 (y que abarca áreas como salud y educación, que incluso no son de su competencia), además de la prevención. También se ha enfatizado en que hay sectores donde aún no pueden legalizar los terrenos porque la ley no les permite, pero que se buscaban mecanismos para lograr aquello. Y que se sigue avanzando con la dotación completa de servicios básicos a zonas en las que todavía falta aquello.

Para Guayaquil también hay un plan maestro, más conocido como Máster Plan, que tiene la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot) del Municipio, en el que, según sus representantes, se trabajó desde antes de la pandemia con académicos, planificadores, líderes barriales, entre otros. Ya con la llegada del COVID-19 se lo modificó y adaptó a las situaciones y necesidades que surgieron, se indicó.

“El modelo de ciudad a construir en el año 2050 será una ciudad verde con espacios públicos vibrantes que mejoren la calidad de vida y salud de sus habitantes, concebida para la planificación de la vida urbana, con servicios cercanos de calidad, preparada para recuperarse prontamente de los embates naturales y no naturales, que ofrezca oportunidades para el desarrollo de las actividades productivas de sus habitantes, vinculada con el territorio circundante, con una visión macro de la planificación”, consta en la visión de este plan que tiene cinco ejes.

Los ejes son: ciudad inclusiva, ciudad saludable, ciudad resiliente, ciudad productiva y ciudad territorio.

No obstante, en los barrios dicen que desconocen el nuevo plan de desarrollo de Guayaquil.

Las preguntas de la consulta popular, ya en la Corte Constitucional

1. ¿Aprueba usted que el Municipio de Guayaquil a través de la ATM gestione y regule el transporte público y elabore en un plazo de máximo dos años un plan para la creación de un sistema de pago único de uso multimodal del transporte (buses, colectivos, Metrovía), y generará las políticas públicas e incentivos para que en un lapso no mayor a 2 años todas las unidades de transporte público (buses) sean renovadas por unidades eléctricas inclusivas?

2. ¿Aprueba usted que el Municipio de Guayaquil reoriente el presupuesto del año 2021, la proforma del 2022 y lo destine con prioridad a la prevención y atención de los impactos económicos, sanitarios, sociales y educativos del COVID-19, convocando a veedurías ciudadanas para observar el proceso?

3. ¿Aprueba usted que para mejorar el sistema de recolección de desechos sólidos en el cantón Guayaquil tenga una tasa fija y se construya una ordenanza con participación ciudadana que incluya un programa de separación en la fuente, reciclaje y reutilización de desechos con incentivos y sanciones?

4. ¿Aprueba usted que el contrato de concesión del agua y alcantarillado de Guayaquil con Interagua no sea renovado una vez que termine su vigencia y sea la Empresa de Agua y Alcantarillado de Guayaquil Emapag quien se haga cargo del servicio directamente conforme lo ordena nuestra Constitución, para lo que deberá planificar esa transición observada por veedurías ciudadanas?

5. ¿Aprueba usted que para generar empleo y oportunidades a miles de personas que viven del trabajo informal se permita a los comerciantes informales trabajar de manera libre y organizada, para lo cual se generará una política pública asentada en un plan urbano y rural de transformación de la informalidad a la formalidad, donde se garantizará acceso a los espacios públicos de forma ordenada y se evite la persecución de los agentes metropolitanos, para mitigar los impactos económicos de diferentes orígenes, como la actual pandemia u otros casos?

6. ¿Aprueba usted que en un plazo no mayor a dos años se disuelvan y liquiden todas las fundaciones municipales en el cantón Guayaquil, a fin de que el Municipio, a través de sus direcciones o empresas públicas municipales, redistribuya las acciones o funciones de las mismas, debiendo contarse con veeduría ciudadana en todo el proceso?

7. ¿Aprueba usted que para mejorar la comunicación digital y el servicio de Internet gratuito brindado por el Municipio de Guayaquil sea de manera ilimitada, dejando sin efecto el tiempo máximo de conexión para beneficiar prioritariamente a los sectores periféricos y rurales del cantón, enfocándonos hacia una ciudad inteligente y sostenible?

8. ¿Aprueba usted que para mejorar la seguridad ciudadana se conforme un consejo permanente de seguridad cantonal, en que se involucre al Gobierno nacional, local, actores privados, comunitarios y barriales, mediante una ordenanza que garantice la participación ciudadana con voz y voto?

9. ¿Aprueba usted que en todas las instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos en el cantón Guayaquil tengan establecida una política de consulta y participación obligatoria sobre los asuntos que afecten directamente la economía de los usuarios y consumidores?

10. ¿Aprueba usted que se proceda a elaborar un proyecto de ordenanza que reforme íntegramente la “Ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil”, publicada en la Gaceta Oficial n.° 20, página 3, año 2 de fecha viernes 7 de octubre de 2011 para que exista una participación ciudadana real, efectiva y eficiente? (I)