Alejandro Ribadeneira, principal de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), considera un logro positivo haber aumentado los cupos en las universidades e institutos tecnológicos de 90.000 a 118.000 plazas en tres meses de gestión. Hace poco los aspirantes a un centro superior público rindieron la prueba Transformar, que otorga el 50 % del puntaje que se considera para la asignación de cupos. En entrevista con este Diario, el funcionario abordó este y otros temas como el presupuesto de las universidades estatales y cofinanciadas y las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Se dieron hace poco los test Transformar, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes como Senescyt en cuanto a la cantidad de aspirantes que rindieron la prueba y cuántos se quedaron pospuestos por temas de acceso a la tecnología y otras circunstancias?

Tuvimos 255.000 inscritos para rendir la prueba. Rindieron la prueba 200.000, aproximadamente. Y hemos tenido solicitudes de reprogramación de la prueba, alrededor de 40.000. Estamos analizando cuáles de esas justificaciones son adecuadas, porque nosotros podemos establecer si realmente, por ejemplo, argumentan que se les fue el servicio eléctrico, como tenemos identificado en dónde vive la persona, su número de cédula y la dirección que nos ponía, podemos establecer si eso es verdad o no a través de contacto con las distintas empresas eléctricas de distribución. O que si se les cayó el servicio de Internet también lo podemos certificar a través de los proveedores de Internet. Entonces, hay justificaciones que nosotros creemos que vamos a procesar favorablemente y otras que no.

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De acuerdo con la experiencia de los años anteriores, aproximadamente el 50 % de las solicitudes de reprogramación ha sido aceptado (…) tendremos 20.000, o sea, estaríamos hablando de un universo de 220.000 personas aproximadamente (que dieron la prueba).

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¿Cuáles serían las fechas tentativas en las que rendirían la prueba estas personas cuyas justificaciones están debidamente sostenidas?

El próximo día lunes se abriría ya la plataforma para que puedan rendir la prueba esas personas que tienen las pruebas rezagadas y son reprogramadas.

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¿El test Transformar qué porcentaje va a dar en relación con el puntaje para acceder a un cupo en la universidad?

Hemos subido el récord académico en la nota de grado de todos los estudiantes para que valga el 50 % de la nota global, ese es el aporte del 50 %. El otro 50 % es este test de competencias y habilidades en donde uno se demuestra a sí mismo cómo es en el ámbito de la aptitud verbal, de la aptitud numérica, del razonamiento lógico y de atención y concentración.

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¿Cómo está la disponibilidad de cupos?

En tres meses de gestión se ha llegado a un proceso de diálogo con las universidades tanto públicas como particulares para conseguir un incremento de cupos. No ha sido un incremento impuesto, es un incremento dialogado, consensuado. Y esto nos ha permitido que para esta postulación subamos de alrededor de 90.000 cupos que era lo tradicional a 118.000 cupos. Es un esfuerzo, son 28.000 cupos adicionales.

¿Cómo se logró esto en la práctica?

Es a través del diálogo, no de la imposición (…), nos hemos aproximado a las universidades, a los institutos superiores. Hemos dialogado con ellos, no les hemos impuesto absolutamente ninguna meta y hemos conseguido que las universidades y los institutos nos entreguen más cupos, buscando la eficiencia en el uso de los recursos. Porque sí existen puntos en donde se puede buscar más eficiencia internamente en las universidades e institutos para ofrecer más cupos.

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Hay preocupación de las universidades cofinanciadas en cuanto al tema del presupuesto y el porcentaje que reciben del impuesto al valor agregado (IVA) que hasta hace poco era del 3 % y actualmente se ha reducido al 0 %...

La explicación que nos daban o que querían dar a la sociedad era que al haberse eliminado el aporte del IVA se quedaban sin fondos y eso no es verdad, porque ellos tienen otra fuente que es el impuesto a la renta y eso no se ha topado. Ellos (universidades cofinanciadas) van a recibir o han recibido ya durante el año 2021 39 millones de dólares, entre todas ocho universidades han recibido 39 millones de dólares. Algunas más que otras, pero esa es la realidad y sobre esos 39 millones de dólares ellos tienen que dedicar 100 % de sus recursos a conceder becas. Ahora, a quién se debe conceder becas, a la gente que más lo requiere, a la gente de menores ingresos, por lo tanto, lo que se necesita es ver si se han repartido adecuadamente esos 39 millones de dólares (…). Lo que hicimos fue una redistribución de los recursos para potenciar la universidad pública, que es la universidad gratuita y también de calidad. A veces se argumenta que la universidad pública no es de calidad y eso no es verdad, la universidad pública tiene calidad y creo que para nadie es desconocido que hay que seguir aportando a la universidad pública para fortalecer la gratuidad y fortalecer la calidad de la educación pública, porque esa es la labor del Estado ecuatoriano y las universidades particulares tendrán que demostrar que están utilizando bien esos recursos, las cofinanciadas.

Y por otro lado, todas las universidades particulares tendrán que demostrar que están entregando las becas al 10 % de su masa de estudiantes regulares.

Esta reducción que se ha visto para las universidades cofinanciadas del 3 % al 0 % del IVA, estos valores van a ser redistribuidos entre las universidades públicas.

Exactamente, eso es lo que se ha hecho. Estamos trabajando desde el día de hoy (martes 31 de agosto), estamos reuniéndonos con cada una de las universidades públicas para analizar su presupuesto y para ver su requerimiento, porque cuando uno asigna un presupuesto uno tiene que mirar cuál es la realidad de la ejecución presupuestaria de esa misma universidad en el año pasado, para ver si es que hay algún rubro con el cual podemos seguir trabajando para ayudarles a compensar de alguna otra manera. Porque hay otras fuentes de ingreso de las universidades públicas, que son los fondos de autogestión, la devolución de los fondos de autogestión, la devolución del IVA retenido en años anteriores y la devolución de los fondos comprometidos no devengados. Con el Ministerio de Economía y Finanzas estamos reuniéndonos desde el día de hoy, insisto, con cada una de las universidades de manera particular para llegar a acuerdos que permitan que el sistema de educación pública no sufra un desfinanciamiento superior a aquel que podrían estar necesitando tener.

Si se reduce un poco de porcentaje a las universidades particulares para inyectar financiamiento a las universidades públicas, esto implica que en este periodo las universidades públicas van a tener un incremento en sus presupuestos individuales…

Lo primero es no afectar y lo segundo es tratar de incrementar, pero de manera racional y discriminada, porque no podemos nosotros incrementar el presupuesto de una universidad que vemos que no ha tenido una ejecución presupuestaria, en los últimos años, adecuada, el que se queda sin ejecutar el presupuesto. Entonces, tenemos que ser muy creativos para buscar la forma de con discusiones claras, transparentes con las universidades, buscar la eficiencia en el uso de los recursos.

En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, en redes sociales se ha comentado que la nivelación ya no sería gratuita, tendría costo.

Esta es la gran visión: universidades libres, para que haya más cupos para jóvenes libres que puedan escoger la carrera que les interesa en la universidad que quisieran y en la modalidad que quisieran. Si hay autonomía, podría haber la tentación de una universidad pública de cobrar por los cursos de nivelación, que es una decisión autónoma de la universidad. No es que nadie le va a imponer, pero en uso de esa autonomía podría suceder. Ahora, si eso sucede tiene que haber unas normas, porque no puede ser que a las personas que realmente no pueden pagar nada se les cobre. Pero también tenemos que darnos cuenta de una realidad: si usted circula por alrededor de las universidades, especialmente de las públicas, pero también de las particulares, hay una cantidad de oficinas donde se manejan los cursos de nivelación privados. Y son cursos de nivelación privados que la gente paga 200 dólares, 300 dólares, para nivelar los conocimientos. Por qué solamente la gente que puede pagar tiene que tener esos cursos de nivelación pagados. La idea es que la gente que no puede pagar no paga, pero la gente que sí pudiese pagar, que va a esos cursos de nivelación privados, aporten a la universidad en la medida en que puedan las universidades seguir generando fondos de autogestión. No es que estamos permitiendo y obligando a que las universidades cobren, estamos limitando, normando ese eventual cobro que alguna universidad en uso de su autonomía, insisto, podría decidir. Va a ser más democrática esa nivelación.

Presupuesto para universidades y escuelas politécnicas es de $ 1.106 millones y supera al 2020, según la Senescyt

Entonces allí habría que establecer un mecanismo de regulación, de control y qué instancia sería la llamada a intervenir en ese sentido…

Es que debería haber un reglamento de mínimos y eso es lo que estamos haciendo desde la Senescyt. O sea, nosotros como Senescyt estableceremos la norma bajo la cual tienen que ajustarse, si es que se quiere cobrar, esos cursos de nivelación, permitiendo que la gente no está en capacidad de pagar un centavo no lo pague. No lo pague, no le pueden afectar a la gente que necesita de esos recursos para poder ingresar a la universidad, no lo pueden cobrar. Pero a la gente que sí puede pagar, a esa gente, de acuerdo con el análisis socioeconómico que tiene que hacerse en cada universidad, se le puede cobrar lo que puede pagar.

Y esa normativa estaría lista para cuándo…

El momento en que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto (de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior), ese momento se tiene el reglamento listo. O sea, todo va a depender, estamos trabajando en la formulación del reglamento para que eso salga simultáneamente con la aprobación de la reforma de la Ley de Educación Superior en la Asamblea Nacional.

El presidente Lasso fue enfático al pedir que el tratamiento de esta propuesta de reforma sea con carácter de urgente, sin embargo, hubo una respuesta que anticipaba que este tratamiento podría tomar más o menos un año…

Este no es un tema económico urgente, pero es un tema social urgente, porque hay que dar una respuesta a ese anhelo de la juventud ecuatoriana de tener una mayor posibilidad de acceso a la educación superior. Y este proyecto de ley, esta reforma puntual a la Ley de Educación Superior apunta a eso: a tener más jóvenes dentro del sistema de educación superior, y por eso es que necesitamos tener universidades que sean libres, que sean académicamente libres para poder proponer carreras que sean pertinentes, que apunten a resolver los requerimientos de los trabajos del futuro. (I)