El presidente Guillermo Lasso anunció en cadena nacional la declaratoria del estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Las tres jurisdicciones registran la mayor cantidad de crímenes en lo que va del año.

En Guayaquil se aplica, desde el 29 de abril, toque de queda en las parroquias Ximena y Pascuales. Guillermo Leones, dirigente de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, asegura que se debió incluir a todo Guayaquil en el toque de queda y no estigmatizar a los barrios de esas dos parroquias.

¿Cómo ve la disposición del Gobierno de ejecutar el toque de queda, pero solo en las parroquias Ximena y Pascuales?

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En primer lugar, hay que entender que los hechos violentos no se dan solo en cierto horario. No sabemos bajo qué parámetro se zonificó el toque de queda o si es un tema de demagogia. El problema de la violencia es estructural en el país y en la ciudad. En los barrios que ahora forman parte del estado de excepción se generará un estigma social.

Que los militares armen campamentos en sitios críticos, que se mejoren operativos y refuerce control de armas, entre pedidos ciudadanos tras nueva salida militar a calles

Pero parte de los barrios que están dentro del estado de excepción son los que más hechos violentos registran...

Pero yo pregunto: ¿qué va a suceder después de los 60 días? Se creó el estigma de peligrosidad en los barrios, y va a ser difícil quitar eso del imaginario de las personas. No se ha analizado cómo puede afectar todo este tema a negocios colocados en los barrios, gente que quiera visitar a familiares o amigos, o cómo se ratifica el miedo a los mismos moradores. Se genera una especie de política de terror en las zonas de Ximena y Pascuales.

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Entonces, ¿se debió declarar en estado de excepción a toda la ciudad?

Hay que entender que el problema de la violencia que se da en la ciudad es estructural; si bien es en las zonas ahora intervenidas en donde más se han generado sucesos, se da en todo Guayaquil. Hoy son dos parroquias, mañana serán otras más y así sucesivamente. Pasarán los 60 días y se trasladarán los crímenes a otros sitios, a otros barrios, y así seguirá la cadena de intervenciones.

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¿Implicaría pérdidas para los negocios en los barrios de las dos parroquias?

De por sí, la fuerza pública ya empezaba a solicitar que se bajaran las puertas a partir de las doce de la noche; ahora se les quita una hora más a los restaurantes, bares y demás. Se van a afectar. Sabemos que en los barrios hay también esos pequeños negocios o tiendas a los que se les golpea la ventana o la puerta y entregan productos. Todo eso se vería afectado; a esos pequeños comerciantes de barrios se los va a afectar. Todo eso no se ha analizado. Necesitamos que nuestra gente tenga ingresos, y con esta acción esto se frena totalmente, porque se espanta la posibilidad de generar un poco más de ingresos.

¿Cuál sería la propuesta para combatir el entorno de violencia?

Se deben colocar recursos y levantar programas para insertar a la gente joven que está desocupada. Está bien la intervención militar para mermar toda la ola de violencia, pero esto es solo una parte de la solución. Se debe trabajar más a profundidad con los jóvenes para que encuentren un trabajo o se eduquen en las universidades. Hay que ver más allá de poner militares, las necesidades, y cómo realizar una intervención real de tipo social, económico. (I)

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