El próximo lunes 15, 23 integrantes del Consejo Provincial del Guayas presentarán un petitorio formal a la viceprefecta Susana González, para que se desarrolle una sesión de Consejo extraordinaria en la que se mocione y solicite la destitución del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.

Él es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias en el Gobierno Provincial del Guayas, y peculado en compras públicas durante la emergencia sanitaria por la pandemia.

Son 15 los alcaldes del Guayas pertenecientes al Partido Social Cristiano (PSC) que encabezan esta solicitud. A esta petición se sumaron los alcaldes de El Triunfo, Naranjito, Bucay; y cinco presidentes de Juntas Parroquiales.

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23 miembros del Consejo Provincial pedirá destitución

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para remover un cargo de elección popular, en el caso de la Prefectura del Guayas, el pedido de destitución debe tener la aprobación de las dos terceras partes del total de integrantes del Consejo Provincial, que son 34. Es decir, 23 votos.

Rafael Compte, experto en política y catedrático universitario, refirió en días pasados que la posible causal para la destitución del prefecto Carlos Luis Morales sería despilfarro de fondos públicos. “En el literal d del artículo 333 del Cootad dice una frase que esta causal tiene que estar debidamente comprobada, es decir, una sentencia ejecutoriada como consecuencia del proceso judicial que ya empezó”, manifestó Compte.

Por su parte, Morales busca respaldo para intentar mantener su cargo. El pasado jueves, él visitó los cantones Santa Lucía y Colimes. En su recorrido lo acompañaron el alcalde de Palestina, Luis Castro, el vicealcalde Néstor Castro y también la presidenta de la Junta Parroquial de San Jacinto, Carmelina Quiroz.

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La Contraloría General del Estado aprobó dos informes con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en la compra de insumos médicos durante la emergencia por parte de la Prefectura del Guayas, por la existencia de una diferencia no justificada de $345 020.

En una primera investigación realizada a la adquisición de 70 000 mascarillas KN-95 y 5000 pruebas rápidas COVID-19 por $585 500, se evidenció que hay un incremento del 123 % en el contrato, pues se cancelaron $6,71 por cada mascarilla y $23,16 por cada prueba rápida, cuando se constató que los mismos insumos tienen un valor de $3 y $11,20, en su orden. (I)