Los casos de supuesta corrupción en la Prefectura de Guayas motivaron repetidas preguntas en la rueda de prensa que dio ayer en Guayaquil la fiscal general, Diana Salazar. Ha sido también motivo de análisis al interior del Partido Social Cristiano (PSC); originó un pronunciamiento del líder de esa agrupación, Jaime Nebot. Y ha ido más allá, el tema ha tenido alto movimiento en la red social de moda actual, Tik Tok.

La tarde del pasado lunes 1, se usó un video de la viceprefecta del Guayas, Susana González, que lo publicó el 2019 en esa red social. Hace relación a la serie de Netflix La casa de papel, donde Nairobi, uno de los personajes, anuncia que ha caído el líder de la banda y que con eso empezaba el matriarcado.

Se lo puso el lunes en Twitter. La cuenta @EcuadorVideo lo adjunto y hasta el mediodía de ayer tenía 27 000 visualizaciones. Tenía este texto: “Viceprefecta del Guayas realiza un Tik Tok polémico de una seria de Netflix “La casa de papel” donde se hace referencia cuando el líder de la banda es derrocado y ella asume el poder. ¿Se viene una nueva prefecta del Guayas?”.

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Esa misma tarde, el PSC hacía público un comunicado en el que sus asambleístas piden al prefecto Carlos Luis Morales que explique las denuncias de corrupción o renuncie.

“Que presente las debidas explicaciones sobre los graves hechos que se le imputan a él y a su círculo cercano, o de ser el caso, que entregue a la justicia los nombres de los responsables de dichos actos. De no proceder así, que renuncie”, fue el pedido de los legisladores al funcionario.

El comunicado los suscribieron los asambleístas Vicente Taiano, César Rohón, Raúl Auquilla, Patricia Henríquez, Mercedes Serrano, Vicente Almeyda, Henry Cucalón, Dennis Marín, Magda Zambrano, Ramón Terán, Raúl Campoverde, Cristina Reyes, Dallyana Passailague, Javier Cadena, Henry Kronfle y Esteban Torres.

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En una entrevista televisiva, el líder del PSC y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también se refirió a las denuncias de corrupción que enfrenta Morales y dijo que no metía las manos al fuego por nadie.

El mismo lunes, Morales, en una rueda de prensa, lanzó una frase que hizo polémica: “¿Usted cree que el prefecto tiene tiempo, con todo lo que pasó dentro de la provincia, a revisar ofertas, revisar presidentes de empresas, a revisar quiénes son las contratantes y las compañías?, ¿o el prefecto sale a cotizar con todo el caos?”.

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Dijo eso para explicar uno de los dos casos denunciados. Es el contrato con la compañía Zerasamiz S. A., que se iba a encargar de entregar una proyección estadística de muestreo aleatorio de pruebas rápidas COVID-19 en la provincia. El contrato, por 90 000 dólares, fue firmado por Francisco Hermelindo Velásquez Castro, de 76 años, presidente de la empresa que haría el muestreo.

En el portal web del Servicio de Contratación de Obras consta también el nombre de José Vásconez, exgerente de la compañía que suscribió el contrato. La cadena Teleamazonas se contactó con el ciudadano, quien dijo que es ebanista y que alguien de la Prefectura del Guayas le pidió su firma.

Una primera denuncia se refiere al presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas rápidas para COVID-19 y mascarillas. Por este hecho, la Fiscalía allanó las oficinas de la Prefectura y más lugares.

Morales, sobre el tema dijo que separó a los 24 funcionarios del área de compras y que estaba abierto a que la Fiscalía investigue. “Estuvimos expuestos a un mercado que ustedes sabían que no se podía controlar, porque este país no tiene una política estatal de fijación de precios del mercado, estábamos nosotros enmarcados entre la oferta y la demanda, y no quiero entrar en detalles de precios de valor o sobrevalor porque ustedes saben a cómo estaba un precio de tanque de oxígeno (...)”, justificó el lunes el prefecto.

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Ayer, la fiscal general afirmó que no puede referirse en específico al tema porque está en indagación previa, pero garantizó que se aplicará justicia. Un fiscal de otra provincia llevará el caso de Morales.

González no dijo nada del uso de su video. Morales denunció en la Fiscalía por los hechos de corrupción. (I)