El rector-presidente de la comisión interventora de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, señaló este miércoles que 300 empleados de la institución deben justificar su contratación, luego de que se detectara, refirió, aparentes impedimentos para laborar en el sector público.

Passailaigue sostuvo que la universidad remitió una nómina al Ministerio de Trabajo y que cuando llegue respuesta, el funcionario con registro de observaciones tendrá tres días para resolver su caso. De lo contrario, su salida de la institución sería inminente, refirió.

Comentó que, por ejemplo, habría casos de colaboradores contratados sin cumplir el perfil requerido para el cargo.

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El rector-presidente de la comisión interventora rindió cuentas de gestión correspondiente al 2018, como lo exige el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Pero él está en el cargo desde octubre del 2018. Señaló que la administración actual está resolviendo problemas que datan del 2013. Habló del reclamo de pensiones de parte de un grupo de jubilados y criticó a políticos por supuestamente utilizar a estos servidores para generar desestabilidad.

Passailaigue remarcó que la intervención de la Universidad de Guayaquil, ordenada por el Consejo de Educación Superior (CES), fue prorrogada dos años. (I)