Terminó la carrera en agosto del 2018 y hasta la fecha su nota del examen de titulación no consta en la plataforma digital de la Universidad de Guayaquil. El de Jennifer Mieles es uno de al menos 400 casos de títulos represados en la Facultad de Jurisprudencia; hasta hace un mes había 800 en todo el centro superior.

Resolver ese problema es uno de los objetivos de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), instancia que este lunes encargó el decanato de esa facultad a Carlos Villacreses.

La comisión investiga, además, casos de corrupción en contratos de obras ejecutados allí, 33 tendrían anomalías.

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El docente de 30 años de trayectoria en el centro superior porteño reemplaza a Adolfo Ruiz, quien ejerció ese cargo hasta el viernes pasado.

Mieles dijo tener expectativa con las nuevas autoridades, su anhelo al igual que el resto de egresados es obtener el título profesional lo más pronto posible para poder ejercer la carrera que estudiaron.

Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil y presidente de la CIFI, señaló que al parecer el retraso en la entrega de títulos se produjo por un inadecuado sistema de información y procesos al interior de la unidad académica.

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“Actuaban de acuerdo a la circunstancia y a las necesidades o intereses de las autoridades de ese entonces (en alusión a las anteriores administraciones)”, indicó el rector.

Alexis Parra, otro egresado, sostuvo haber cumplido con todos los requerimientos académicos y que incluso tiene el certificado de las prácticas preprofesionales emitido por la Función Judicial.

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“Somos los únicos estudiantes de toda la Universidad que hemos sido marginados, hemos sido rezagados, porque absolutamente en todas las facultades han obtenido sus títulos profesionales”, refirió él.

Una de las inconsistencias detectadas es la falta de los certificados de prácticas preprofesionales y del área de vinculación con la comunidad.

El rector Passailaigue prefirió no dar plazos, ya que cada caso será analizado. “En términos generales no queremos que se perjudique al estudiante, pero tampoco queremos que se entreguen documentos o titulación sin que se cumplan cuestiones legales”, remarcó el funcionario.

Andrés Cusme, quien egresó en septiembre pasado, mencionó que la situación de no recibir su título, a más de ser una traba para ejercer su profesión, le genera gastos, ya que él vive en Calceta, Manabí.

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Dennise Zapata puntualizó que la mayoría de egresados han cumplido con los requerimientos de la facultad en cuanto a documentos, por eso espera que lo más pronto posible se evacúen esos casos.

Ella remarcó que no tienen el patrocinio de ningún gremio ni estudiantil ni político, pues su interés no es politizar.

Villacreses, el nuevo decano de Jurisprudencia, refirió que trabajará con un equipo integrado por coordinadores de titulación, de consultorio jurídico y prácticas. 

La intervención

La Universidad de Guayaquil fue intervenida en octubre del año pasado luego de actos violentos que se registraron por una pugna del rectorado, una vez que Galo Salcedo fue destituido. Es la segunda intervención en cinco años y aunque en principio esta duraría 90 días que se cumplen hoy, la semana pasada el Consejo de Educación Superior (CES) la amplió para dos años.

Seis meses tenemos (esperando el título) y otros compañeros más tiempo. En secretaría básicamente no nos dan respuesta (...) ya pasamos nuestro proceso de titulación”, Jennifer Mieles, egresada. (I)