El Gobierno, el alcalde de Guayaquil y la Defensoría del Pueblo reprocharon los disturbios que dejaron tres detenidos muertos en la parroquia Posorja, tras correrse el rumor de que eran secuestradores de niños.   

La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que “lo sucedido en Posorja no quedará en la impunidad”.  

La funcionaria dijo que llegaron a tener hasta 2.000 personas atacando el UPC tras dispersarse un rumor de que los detenidos eran secuestradores de niños, cuando en realidad era por un robo.

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Romo dijo que en lo que va del año en Ecuador solo se ha registrado una denuncia de secuestro de niño, aunque dijo que se está usando la alarma de presuntos secuestros para cometer otros delitos.   

Mientras, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, calificó los hechos como  un “acto de barbarie con el que nadie consciente puede estar de acuerdo”.  Agregó que cuando no hay una justicia ordinaria efectiva, hay personas que llegan a tomarse la justicia por sus  manos, lo cual considera que es condenable.

“Pero no es menos condenable que existan jueces y fiscales, no todos, alcahueteados por leyes que no deberían existir porque son prodelincuenciales. Usted toma el expediente de un violador, asesino, secuestrador o de un ladrón, 5, 10, 15 veces han estado en la cárcel e igual número de veces han salido”, comentó.

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La Defensoría del Pueblo también se pronunció.  Marco Pacheco,  de la Zona 8 de la Defensoría , puntualizó que solicitará al Estado generar protocolos de seguridad en el marco de la Justicia para evitar que se repitan estos hechos.  (I)