Cuatro horas llevaban 26 policías haciendo frente a una turba de 2.500 habitantes de Posorja que exigía les entregara a tres detenidos (dos hombres y una mujer) a los que identificaba como robaniños.

Los uniformados intentaron calmar a la muchedumbre al señalar que detuvieron a individuos a los que dos mujeres denunciaron por el robo de $ 230 y dos teléfonos.

Los agentes afrontaron una lluvia de más de 30 bombas molotov que causaron la incineración del taxi en el que se movilizaban los sujetos y que provocaron las llamas que consumieron enseres del retén y cinco motocicletas policiales.

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“Hubo un acto que nos debilitó, un desadaptado nos lanzó un balde de gasolina”, relata un agente del grupo de 26 uniformados que la tarde del martes 16 no pudo evitar que la turba linchara a los tres detenidos.

La gasolina solo mojó la bota de un policía, pero antes el fogonazo de las llamas en el retén quemó la cara de un uniformado. Así que el riesgo de una llamarada hizo que los agentes deshicieran la barrera y ya no pudieran evitar que varios habitantes de Posorja ingresaran por los detenidos, que fueron golpeados hasta morir.

“Siempre estuvimos solos, qué podían hacer 26 policías frente a 2.500 personas”, señala el agente, quien asegura que 36 marinos que intentaron apoyarlos fueron repelidos a pedradas y que lo mismo pasó con los bomberos que quisieron apagar el fuego que consumía el taxi.

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Desmanes y caos

Los uniformados utilizaron gas para alejar a los revoltosos, no actuaron imponiendo la fuerza porque ello hubiese sido peor. “Hubiese habido heridos, más muertos”, manifiesta.

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¡Queremos a los presos!, ¡Queremos hacer justicia con nuestra mano!, ¡No confiamos en la Justicia!, ¡Posorja se une! fueron proclamas que hicieron, según el policía, los habitantes de la parroquia guayaquileña situada en la vía a la costa, a 112 kilómetros del Puerto principal y a 20 km del cantón Playas.

Toda la agresión y demás hechos de violencia quedaron grabados en videos y luego difundidos en redes sociales. A través de estas capturas, incluidas las de la fuerza pública, la Fiscalía pudo identificar a entre 15 y 20 participantes del linchamiento, según el fiscal de Playas, Jefferson Caicedo.

Él hizo un peritaje en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que fue apedreada, incendiada y saqueada. Los daños también fueron constatados por Jorge Banchón, presidente de la junta parroquial de Posorja, y de aquellas acciones fueron testigos más de 200 habitantes que sostenían que el pueblo aseguró que sujetos que habrían querido agredir a sus hijos no salieran libre a los 15 días como dijeron ha sucedido con detenidos en operativos antidrogas.

Los posorjeños señalaron que sí hay vigilancia policial en horas de tránsito estudiantil, pero no podían dejar de reaccionar ante una presunta situación de riesgo para sus hijos.

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En Guayaquil, la hermana de uno de los hombres ajusticiados y cuñada de la mujer también linchada aseguró que ellos eran comerciantes que entregaban mercadería puerta a puerta.

En el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses exigió que las muertes no queden impunes y estimó que fueron confundidos por no ser nativos de la localidad. Contó que dejaron tres niñas en la orfandad, de 10, 8 y 3 años.

Acusados por linchamiento

Yanina Villagómez, fiscal subrogante del Guayas, informó ayer que siete personas han sido detenidas por el linchamiento y que las dos mujeres que reconocieron el robo han sido incluidas en el programa de protección de testigos porque han sido amenazadas.

Villagómez dijo que se dispuso el envío de un contingente de fiscales de Guayaquil.

Ayer en la mañana, la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que hubo un cuarto detenido en la UPC, pero los policías lo escondieron debajo de la cama de una de las oficiales y lo taparon con colchones para evitar que la gente también lo matara. (I)