Autoridades del COE de Carchi esperaban el sábado 11 la notificación oficial del estado de emergencia. Estimaban que la movilidad tiene afectación focalizada en Rumichaca y Tulcán, no en toda la provincia. La viceprefecta Melva Cadena mencionó que no tenían el documento formal.

Cadena y Julio Robles, alcalde de Tulcán, indicaron que en este éxodo de venezolanos ingresa al país todo tipo de persona. Sostuvieron que se requería, sin ultrajar derechos ni caer en temas de xenofobia, exigir un requisito mínimo como pasado judicial. Robles dijo que en su ciudad ya se presentan problemas sociales como la proliferación de vendedores ambulantes con y sin documentos, y además que ha aumentado la inseguridad.

El Municipio dobló el control de ventas ambulantes, donde los venezolanos venden confites para reunir dinero y seguir hacia Lima y otros a Quito.

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Cadena relata que hace una semana un venezolano entró a un gabinete y obligó a los clientes a comprar pastel; de ahí que insiste que se debe regular el tipo de ciudadanos que ingresan al país.

Las dos autoridades de Carchi y Tulcán reclaman atención del Gobierno en temas de reactivación económica, y consideran que la Ley de Reactivación Fronteriza aprobada meses atrás no se aplica.

El Comité Cívico para la reactivación económica del Carchi, presidido por Jairo Pozo, que reúne a unas 20 organizaciones, realizará el jueves 16, a las 15:00, una marcha para llamar la atención del Gobierno.

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Prevén que el gobierno de Lenín Moreno los visite para mostrar la realidad económica de la provincia, mencionó Pozo. (I)