“Estimados residentes: Se les recuerda el pago de sus alícuotas hasta los 10 primeros días de cada mes”, dice en un pequeño letrero colocado en el portón de salida de residentes de la urbanización Arcadia, en el kilómetro 14 de la vía a la costa.

A inicios de cada mes, Silvia Solís, administradora de la urbanización de 92 viviendas, cuelga ese anuncio para que los propietarios se acerquen a cancelar los $ 100 de alícuota, con los que se cubren gastos como la guardianía de 24 horas, limpieza y mantenimiento del club social, parques y canchas.

Sin embargo, allí el índice de morosidad es alto. Ese retraso es un problema frecuente en muchas otras urbanizaciones de Guayaquil, de Samborondón y de Daule, con el que deben lidiar las administraciones.

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Solís menciona que mensualmente de 40 a 45 (casi el 50%) residentes se atrasan en la cancelación de los valores, que incluso hay quienes deben alícuotas desde el 2015 y otros desde mayo del año pasado.

“Yo ya desde el 1 o el 2 (de cada mes) pongo el letrero, les mando correos, a veces, hasta por el WhatsApp les voy diciendo”, refiere la administradora de Arcadia y agrega que en promedio los residentes adeudan de uno a tres meses.

A partir del segundo mes pendiente, cuenta ella, al propietario deudor se le restringe el uso del club y se le bloquea el acceso y salida a la urbanización con la tarjeta magnética.

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Ellos deben bajarse y abrir el portón de visitantes para entrar y salir, los guardias no están obligados a hacerlo.

“Los residentes cogen, se bajan y ¡pum! tiran la puerta y no cierran”, describe Solís sobre la reacción de ciertos propietarios que desaprueban las medidas adoptadas por la administración basadas en su reglamento de convivencia y estatutos.

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La mujer comenta que por la incomodidad de los propietarios sí se ha registrado cierta discordia con los guardias (que acatan las disposiciones que les son dadas), pero no al extremo de agresiones físicas.

Esto, a propósito de que el domingo 5 dos guardias fueron agredidos dentro de la garita de seguridad por un adulto mayor y dos jóvenes, en la urbanización La Cumbre, norte.

El hecho, que es investigado por la Fiscalía, ocurrió cuando el adulto pretendía ingresar por el área de residentes sin tener el dispositivo de acceso.

Según testigos, antes de la agresión captada en un video viralizado en redes sociales, el adulto discutió con uno de los guardias y posteriormente regresó con los dos jóvenes.

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Para evitar situaciones como la descrita, al ingreso de la urbanización Belo Horizonte, en el km 11,5 de la vía a la costa, hay un letrero que advierte que el guardia está para servir y que ofenderlo es una contravención de cuarta clase, que se multa con privación de libertad.

Adicionalmente, en el letrero se sugiere permitir la revisión de vehículos al entrar y salir de la urbanización por el lado correspondiente a los visitantes.

Luis Reinoso, administrador del conjunto residencial de 999 casas, señala que la morosidad allí es del 8% al 10% y va de dos meses hasta más de un año.

Él sostiene que al mes vencido el residente tiene restricciones para ingresar por el lado de los propietarios y que a los tres meses de mora no tiene acceso a las instalaciones.

“Siempre hay, en todo lado, el rechazo, no. La resistencia de cierta manera”, menciona y admite que se han producido excesos verbales a los guardias en ciertos casos, pero sin agresiones físicas.

Reinoso dice que los deudores tienen opción de suscribir convenios de pago hasta por 18 meses plazo. Pese a ello, hay de 15 a 20 casos que ya están en proceso legal para cobranza.

En urbanizaciones como Volare (400 casas y 48 departamentos), en el km 14,5 de la avenida León Febres-Cordero, jurisdicción de Daule, Wilson Rodríguez, administrador, cuenta que uno de los incentivos para los propietarios es un descuento de $ 5 a quienes paguen las alícuotas ($ 45) dentro de los primeros 10 días del mes.

Esa estrategia, agrega, ha dado resultado, pues hasta hace dos años la morosidad era del 30% y ahora está en un 8%.

No obstante, aún hay residentes que mantienen deudas hasta por $ 5 mil, a quienes se les siguen juicios.

Paúl Alvarado, administrador de la etapa La Coralia, en Ciudad Celeste (Samborondón), refiere que allí luego de agotar varias instancias para el cobro se publican nombres y manzanas de los deudores, para que vayan a la administración.

Hasta el año pasado la cartera vencida era de $ 30.000, actualmente es de $ 20.000.

“Hemos hecho convenios de pago, hemos llamado a las personas, hemos aceptado pagos en parte, cheques a fecha, un sinnúmero de acciones”, dice y detalla que la alícuota allí es de $ 80.

En urbanizaciones como La Joya, en la etapa Rubí donde hay 466 casas, 100 propietarios incurren en morosidad. La alícuota allí es de $ 40. (I)

COIP

Art. 396
El Código Orgánico Integral Penal establece como Contravenciones de cuarta clase.- Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 1) La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. (Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto.)4) La persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.

Los guardias son seres humanos, no son nuestros sirvientes. Son personas que requieren de respeto de todas las personas. Usted respeta a esa persona y ella lo respeta a usted”.Raquel Jurado, residente de Punta Esmeralda, vía a la costa