Por el presunto delito de asociación ilícita se procesó a seis uniformados, tres médicos particulares (dos de ellos acreditados por el Ministerio de Salud para firmar esos certificados) y tres dueños de funerarias.

Según investigaciones policiales, ellos estarían vinculados a una supuesta red que aprovechaba el fallecimiento de una persona en hospitales para “negociar” con la familia la entrega de una acta de defunción sin que el cuerpo pase por medicina legal de la Policía Judicial, como exige el protocolo.

Este método aceleraba el trámite a un par de horas, lo que normalmente tomaba más de 12. El costo iba de $ 300 a $ 700, dependiendo el caso, detalló la coronel Tanya Varela, jefa policial de la Zona 8.

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Juan Pablo Castillo, fiscal especializado en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), expuso el caso en la audiencia la noche del jueves y la jueza Ruth Ronquillo dictó prisión preventiva en contra de los procesados.

El miércoles pasado se realizaron 13 allanamientos y se detuvo a 12 personas. Además se encontraron 288 formularios de defunción en las viviendas y funerarias.

El modo de operar de la banda consistía en que del hospital se llamaba a los uniformados de los vehículos de Medicina Legal para levantar el cadáver, con los datos que el ECU 911 les daba. Ellos se contactaban con la familia y le explicaban que para hacerlo más ágil tenía un costo.

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“Las personas tomaban contacto con estas personas para obtener dicho certificado aduciendo que es por muerte natural o tratamiento médico”, relató la coronel Varela.

Agregó que ya cuando concretaban el pago, se le daba el dinero por el certificado de defunción, personal de la funeraria se llevaba el cuerpo del familiar directamente al sitio de la velación.

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Esta investigación de procesos internos se realizó desde hace unos 4 meses junto con la Dinased y la Siprobac. En los allanamientos también se decomisaron celulares y equipos electrónicos para tener otros detalles en la investigación, contó la Policía.

“Tanto en la vía penal como en la administrativa, los uniformados que hacen mal uso de sus conocimientos y de su uniforme serán sancionados si se confirma su participación”, explicó Varela.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la asociación ilícita tiene una pena de prisión de entre 3 y 5 años, dependiendo del caso. La investigación durará 90 días. (I)

Asesinato
Presunto microtráfico

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En el suburbio
William Cedeño, 38 años, fue asesinado a las 22:00 del jueves, en calle 28 y la S, en el suburbio. Según uniformados, el crimen sería por microtráfico. Habría sido amenazado por un sujeto conocido como alias Pollo. La víctima tenía antecedente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.