Juan Miguel Morocho, habitante de la cooperativa 5 de Junio del cantón Durán, solicitó a la Corte Constitucional, luego de que el organismo emitiera el 3 de enero pasado un fallo a su favor, que tramite la destitución del cargo de la alcaldesa Alexandra Arce.

“Solicito (...) por cuanto existe retardo injustificado en la administración de justicia en la sustanciación de esta causa que resuelva la solicitud de incumplimiento (de la sentencia) y destitución contra la alcaldesa del GAD municipal de Durán”, se lee en el escrito presentado en la oficina de la Corte en Guayaquil, el martes 23.

Morocho señaló que en agosto del 2014 la alcaldesa Arce ordenó supuestamente la revocatoria de una resolución emitida por el Concejo cantonal entonces liderado por su antecesor Dalton Narváez, respecto de adjudicaciones de tierras, por compra según el accionante, en la cooperativa 5 de Junio.

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Aquella resolución contemplaba un resideño aplicado a dos lotes y presuntamente otorgaba propiedad a Morocho y a otros posesionarios, que se aprestaron a notificar las medidas prediales al Registro de la Propiedad.

Andrés Jauregui, defensor de Morocho, sostuvo que su cliente presentó una acción de protección al considerar que se vulneraban sus derechos con la revocatoria de la resolución del Concejo Cantonal.

“Acción que en primera instancia fue negada y se apela y en la apelación, la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte del Guayas acepta el recurso de apelación y concede sentencia de amparo”, indicó el jurista.

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Según Jauregui, pese a que exigieron que se cumpla la sentencia, el Municipio supuestamente obvió el fallo al presentar una acción extraordinaria de protección. Agregó que aquel recurso no impedía que se ejecute el fallo de la Sala.

“Hoy se encuentra ejecutoriada la sentencia del pleno de la Corte Constitucional declarando improcedente la acción extraordinaria. Los nueve jueces manifiestan que efectivamente la Sala que otorgó la acción de protección a favor del señor Morocho es legítima, clara y sí se considera que hay la violación de derechos”, dijo.

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Jauregui indicó que enfatizarán en un incumplimiento de sentencia por dos años, que por tanto existe causal de destitución del cargo.

Los accionantes solicitaron que en el trámite, “para que se vele por el debido proceso”, intervengan la Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Judicatura.

Este Diario solicitó una versión del tema al Municipio de Durán. El procurador síndico Mario Serrano ofreció un pronunciamiento en las próximas horas. (I)