No tiene fuerzas. En su lento caminar requiere de ayuda permanente. Tiene dificultad para comer, hablar y reconocer su entorno. Atrás quedaron los 31 años que se dedicó por completo a enseñar a cientos de generaciones que pasaron por sus aulas. Hoy no recuerda aquello. Sufre de demencia senil, con el grado máximo de degradación de sus células cerebrales, dice su último informe médico.

Es Jeanneth Aguirre Cruz, de 67 años, profesora de primaria que se jubiló en 2010 para acogerse al estímulo económico o compensación variable, como establece –para los docentes del sector público– la vigésimo primera disposición transitoria de la Constitución, en rigor desde el 20 de octubre de 2008.

Ella forma parte de al menos 26.000 profesores jubilados que desde esa fecha hasta la actualidad reclaman pagos parciales o totales de sus haberes por sus más de 30 años de servicios. Son las cifras de gremios de docentes jubilados a nivel nacional. De esos, un poco más de 380 habrían fallecido en estos nueve años, esperando que se hiciera efectivo su derecho, afirman sus representantes.

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Los otros continúan luchando hasta que sus cuerpos lo permitan, afirman. Resaltan que no hay una estadística oficial y desglosada por montos de los maestros jubilados a los que el Estado les debe. Esto último se hará recién cuando se integre una comisión ocasional en la Asamblea Nacional, donde el 24 de octubre último se resolvió aprobar un proyecto de apoyo a los jubilados, logro que destacan los miembros de la Coordinadora de Maestros Jubilados.

También resaltan el compromiso al que llegaron con el Gobierno, que se ha comprometido a pagar lo pendiente. En una primera etapa, el Ministerio de Educación habla del desembolso, desde el lunes 6, de $ 25,8 millones para jubilaciones obligatorias por enfermedades catastróficas y por invalidez, pendientes de los años 2011, 2015 y del periodo 2016-2017, que cubrirían a 595 docentes.

Vea también: Gobierno anuncia pagos a jubilados del Ministerio de Educación

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A Aguirre le dieron $ 12.000, que utilizó en sus exámenes y tratamientos médicos particulares. Le deben $ 24.000, cuenta su hermano Gastón.

Situación similar viven miles de maestros jubilados. A algunos, la pensión del IESS no les alcanza ni para comer, aseguran. Por eso limitan sus comidas diarias o no compran ciertas medicinas para su salud, lo cual empeora sus cuadros. Todos coinciden en que la deuda que el Estado tiene con ellos viene del gobierno de Rafael Correa.

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Jorge Escala, expresidente de la extinta Unión Nacional de Educadores (UNE) y exasambleísta constituyente, asegura que propuso, en Montecristi, el estímulo de la jubilación docente para que maestros con décadas de servicio pudieran retirarse con un dinero que compense sus bajas pensiones del Seguro Social, que en unos casos eran menores a $ 300.

Pero aquello no fue como esperaban. Hubo cambios en las reglas del juego, dicen los maestros. A unos les pagaron una parte en efectivo y otra con bonos, sujetos incluso a condiciones. Un ejemplo: debían esperar hasta los 70 años para cobrarlo en efectivo. Otros iniciaron juicios, ganaron, pero todavía no les pagan. Y según Escala, pese a que es ilegal, continúa aún el pago con bonos. Aquí parte de sus historias.

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¿Usted es un profesor jubilado impago?, cuéntenos su historia al e-mail granguayaquil@eluniverso.com.

Come dos veces porque no le alcanza el dinero

Moisés Arias Chiguano, 75 años

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“No sé hasta cuándo tendré fuerzas para reclamar mis derechos (llora). Será un mes, unos días (...), creo que me va a llegar la muerte y no sé si pueda cobrar ese incentivo jubilar. Mis riñones ya no me responden”, expresa afligido Moisés Arias, quien se jubiló en 2009. Meses después de dejar las aulas, en 2010, lo diagnostican con insuficiencia renal crónica, una enfermedad catastrófica. Detalla que solo le dieron $ 12.000 de ese incentivo y que desde hace siete años reclama el resto, entre $ 20.000 y $ 25.000, calcula. Su dolencia le ha afectado la próstata, la tiroides y el corazón, sin contar su presión arterial elevada. Mantiene a su esposa, de 69 años, enferma y sin seguro médico. “Como de una a dos veces al día, no me alcanza para comer las tres veces”, dice. Su hija, de 30 años, desempleada, le ayuda con una libra de cebollas, de arroz... Desde hace dos meses, afirma, está pidiendo cita médica para Urología, pero aún no tiene respuesta.

No les pagan, pese a que ganaron juicios

Cristóbal Gualancañay, 79 años

Se jubiló en el 2010. Cuenta que como no les pagaban toda la compensación jubilar (Disposición Transitoria Vigésimo Primera de la Constitución, vigente desde el 20 de octubre de 2008), se reunieron por años (2008, 2009 y 2010) y demandaron el pago. Su grupo de 60 profesores ganó el juicio con la acción de protección 1.897-10. “Le ganamos al Gobierno (régimen de Rafael Correa) en las tres instancias: juzgado, sala y Corte Constitucional (...). Pese a que ganamos aún no nos pagan”, asegura Cristóbal Gualancañay Mora. Un juez les habría indicado que no tendrían derecho. Aquello supuestamente ocurrió después de que la procuradora ya había entregado el informe para que les cancelen la diferencia ($ 24.000 a cada uno). Ahora están apelando, manifiesta. Él dice que hay más casos de profesores jubilados que pusieron de sus dineros y enjuiciaron. Su grupo contabiliza a 7.748 jubilados de 2008, 2009 y 2010 con el mismo problema: impagos.

Pide su jubilación para operarse la columna

Nancy Rivera Jaramillo, 62 años

“Hace seis años se me presentó una enfermedad degenerativa de los huesos, tengo una tumoración de la columna, una deformación en la rodilla, de la que me van haciendo dos operaciones. Otra operación por otra tumoración (...). Requiero operación de la columna, tengo artrosis, deformaciones, cinco hernias discales. No aguanto el dolor. Y necesito la operación en la rodilla, una prótesis ya que tengo dos operaciones. Quiero el dinero para eso”, afirma Nancy Rivera, quien presentó los papeles de su jubilación en 2016. Gasta más de $ 800 mensuales en tratamientos particulares. Además de exigir el pago total, denuncia supuestos malos tratos de funcionarias que han atendido sus consultas. Cuenta que el 9 de junio de 2016 le llegó el cese de funciones (del Min. de Educación) por enfermedad catastrófica. Como no le pagaban, el pasado 9 de agosto fue a la Subsecretaría de Educación local, donde estaba una funcionaria de Quito, quien la habría maltratado. (I)