Varios preocupantes hechos han ocurrido últimamente en las canchas de nuestro país. Me refiero a los disturbios y agresiones lamentables que evidencian el progresivo nivel de violencia en los estadios del país. Una gran parte del conglomerado que asiste a un escenario a alentar a su equipo convierte en ira ese fervor exagerado y la pasión supera los límites del raciocinio. Esos excesos los convierten en energúmenos poseídos por la furia.

Hay un dicho popular que proclama que las masas no piensan. En general es así, pero las masas sí tienen una oculta motivación, originada principalmente por la liviandad de las autoridades para sancionar estos hechos. Entre los casos cuestionados en estas últimas semanas están la invasión de personas extrañas al campo de juego en el estadio Capwell, lo que puso en serio riesgo a la integridad de los rivales del local. Por suerte, aquello se controló oportunamente.

La otra fue una irrupción de mayores proporciones cuando los hinchas del Deportivo Quito invadieron el terreno del Olímpico Atahualpa con la firme intención de agredir a los árbitros. La vida de los jueces estuvo en serio peligro y en manos de delincuentes alucinados, probablemente ebrios. Las imágenes fueron de terror. Indefensos árbitros correteados por toda la cancha durante interminables y dramáticos minutos, esquivando a la muerte. Las lesiones del réferi Diego Lara y de sus compañeros demuestran la agresividad que soportaron. Tiene fracturas nasales y contusiones en todo el cuerpo, pero sobre todo un desánimo espiritual ante la desprotección física y legal.

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Según AFNA, ‘la pena es la más grave posible’ que se pudo imponer.

Deportivo Quito puso la denuncia en la fiscalía contra varios agresores aprehendidos y me parece correcto. Pero ante la falta de evidencias el juez los liberó al considerar que el ataque debía ser sancionado tan solo como contravención. Al margen de esta leguleyada, los dirigentes del Quito conocen perfectamente que la responsabilidad del club también debe ser juzgada por el ente disciplinario deportivo. La Comisión Disciplinaria de la Asociación No Amateur de Pichincha, ante los acontecimientos suscitados en el Deportivo Quito vs. Espoli se basó en el artículo 112 del código disciplinario de la FEF y en el artículo 7, numeral 3 del código disciplinario de Conmebol, para sancionar a los chullas con tres fechas sin jugar en el Atahualpa y una multa de $ 200.

Las reacciones por la endeble resolución no se hicieron esperar. Vergonzosa, irreverente, irritante. Todos esos adjetivos describen el aparente contubernio que no permitió imponer un castigo proporcional a la acción punible. Hay opiniones que justifican la aplicación de esa mínima y permisiva pena que insulta a la razón y sensatez de muchos. El castigo está equivocado porque para la invasión de cancha con el fin de agredir a los árbitros existe suficiente normatividad para sancionar enérgicamente estos casos. La normatividad interna debe ser concordante con lo señalado por el código disciplinario de la Conmebol y de la FIFA. El artículo 12 de la FIFA consigna una escala de sanciones a personas jurídicas -clubes, en este caso-, que van desde la prohibición de hacer transferencias de futbolistas y hasta la perdida de categoría. Y el artículo 67 del reglamento FIFA incluye la responsabilidad que tiene la Asociación o club anfitrión por la conducta impropia de los espectadores.

Expulsar del torneo al club responsable sí sería ejemplarizador.

Como podemos apreciar, la Comisión Disciplinaria de AFNA se hizo de la vista gorda y encontró una salida cómoda para aplicar una pena leve. Tampoco quiso aplicar, por razones obvias, el contundente artículo 35 del reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FEF: “La Asociación provincial sede de una programación será sancionada si personas no autorizadas ingresaran a la cancha, pasadizos o túneles, considerados áreas comunes de un estadio y agredieren o intentaren agredir a los dirigentes, árbitros, asesores para árbitros o comisarios de juego”.

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La famosa frase “dejar hacer, dejar pasar” tuvo vigencia cuando Adam Smith la refirió en economía. En nuestro país, en materia deportiva, la aplican como si fuera el paradigma de la componenda. Debo dejar constancia que la sanción, guardando la proporción y comparando la gravedad de los hechos, aplicada por la Comisión Disciplinaria en el caso de la invasión de hinchas de Emelec en el partido contra Independiente del Valle, también adoleció de firmeza. No dejaron un precedente que evite la reiteración del ilícito, además hay que recordar que la propia AFNA, en el caso del Capwell, pidió la mayor sanción ejemplarizadora. Hoy cambió el discurso y ha preferido ser compasiva en un caso de mayor gravedad. ¿Cómo se explica esta dicotomía?

No se puede aceptar la alegación y comparación hecha por el presidente de AFNA, Fred Larreátegui, para justificar la sanción que aplicó. No es, como dice, “la más grave posible dentro del marco jurídico vigente”. Que no se invoque. No hay jurisprudencia en casos de enérgicas sanciones en nuestro país. En noviembre de 2013 la Federación Ecuatoriana de Fútbol expulsó del campeonato de segunda categoría al Pilahuin Tío porque los jueces fueron agredidos. Hoy el gremio de Pichincha decidió no arbitrar ningún partido donde intervenga el Deportivo Quito; mientras tanto la Asociación Ecuatoriana de Árbitros solicitó la exclusión del torneo del club agresor. Una sanción de ese calibre seguramente sí dejará un precedente ejemplarizador.

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También es importante que las autoridades deportivas del fútbol nacional abran una investigación para castigar con dureza a dirigentes o personas relacionadas con los clubes que apoyen a las barras con base en incentivos. Aquello puede convertirse en un taco de dinamita con la mecha lista para recibir cualquier chispa que la encienda. De las sanciones por invadir el campo de juego y por agresión a las autoridades árbitros se puede sacar en conclusión: no hubo ni idoneidad ni proporcionalidad. Cuando esto se junta nuestro fútbol puede padecer un flagelo hipócrita, o al menos disimulado. (O)