Ricardo Vasconcellos Rosado: El don de la ubicuidad y el tema de GolTV

Mi padre, incansable lector y buscador de novedades literarias, me regaló en mi adolescencia un libro titulado El hombre que atravesaba las paredes, de autoría del narrador y dramaturgo francés Marcel Aymé, un maestro del cuento fantástico e irónico. Uno de los cuentos se titulaba Las Sabinas el cual, como todos los que figuran en el libro, me causó admiración por la maestría y originalidad de su línea argumental. Un crítico dijo de Aymé: “su técnica consiste en narrar de una manera absolutamente realista los hechos más fantásticos”.

En Las Sabinas Aymé narra las aventuras de una dama que se desdoblaba en 2, 4, 8,16, 32 mujeres a su antojo; tenía el don de la ubicuidad y podía estar simultáneamente en su casa con su marido y con su amante en la playa. Esta columna no es de análisis literario, pero he recordado al autor francés que leí hace más de medio siglo por el curioso caso en que la protagonista es la ministra del Deporte, que es capaz de ejercer su cargo ministerial y ser, a la vez, secretaria del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). Nuestro diario ha publicado ya que ella ha solicitado –y le ha sido concedida- una licencia secretarial para acallar las severas críticas que ha recibido en la mayoría de los medios de comunicación.

La ministra ha respondido a los cuestionamientos diciendo que “el cuerpo normativo de la Carta Olímpica, establece con claridad meridiana que los funcionarios estatales pueden ser parte de un CON (Comité Olímpico Nacional), siempre que no sean impuestos por el gobierno de turno, sino debidamente elegidos por la Asamblea del Comité Olímpico”, e informa que esta dualidad en el ejercicio de dos cargos ha sido autorizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) por lo que no hay ninguna ilegalidad. Lo que probablemente ignora el COI es que, de acuerdo a la estructura del Sistema Deportivo Nacional establecida por la estatizante Ley del Deporte, el ministerio es la máxima autoridad deportiva y que el Comité Olímpico Ecuatoriano es un organismo jerárquicamente subalterno, por lo que la ministra tendría un conflicto de intereses. En un problema entre el COE y una federación ecuatoriana, por ejemplo, ella sería juez y parte pues tendría que dictaminar en última instancia en asuntos en que estaría involucrado ese organismo del que es secretaria.

En la historia de la juridicidad deportiva nacional siempre vamos a recordar el triste papel del COI avalando la intervención estatal en el COE, ocurrida en 2012 cuando quien ejercía el ministerio del Deporte en ese año, obedeciendo la orden de apoderarse de todos los organismos deportivos, decapitó a todas las federaciones ecuatorianas y nombró interventores que luego amarraron nuevos comicios y eligieron a gente adicta a los intereses del gobierno. Solo dos de ellas se salvaron pues las federaciones internacionales que dirigen esas ramas deportivas se negaron a reconocer a las nuevas directivas elegidas a dedo y con violación de la ley. El resto de federaciones ecuatorianas se reunieron en asamblea y nombraron un nuevo directorio del COE, a cuyo presidente obligaron a renunciar. En ese directorio fue elegido presidente quien era viceministro del Deporte. La hoy ministra fue nombrada tesorera.

Ante el reclamo de las autoridades desplazadas, que alegaban una intervención política dirigida por el ministro de aquel entonces, el COI decidió enviar un representante que fue un tristemente célebre personaje llamado Alejandro Blanco, quien desembarcó exhibiendo un título de ‘doctor’. Apenas bajado del avión que lo trajo a Quito, Blanco fue llevado por el ministro al Palacio de Carondelet para entrevistarse con el presidente de la República. De allí salió con la consigna de validar la ilegal intervención y santificar el abuso de poder que contrariaba uno de los sagrados postulados del olimpismo: impedir la intromisión del Estado y la política en las entidades del deporte. Blanco regresó a España y poco tiempo después, en su propio país, se descubrió que era un impostor pues su título de ‘doctor’ era falso, lo que le valió la expulsión.

Nuestro medallista olímpico Jefferson Pérez dijo a nuestro Diario, el 12 de enero anterior, lo que hoy es una verdad que no admite respuestas burocráticas: el tema de los varios cargos en el deporte va más allá de la legalidad; es un tema de orden moral.

Jacobo Bucaram, exdeportista y dirigente de dilatada experiencia, coincidió en que la doble función choca con la ética. La ministra “no puede ejercer la función en la cartera de Estado al mismo tiempo que el de secretaria del COE porque es juez y parte. ¿Cómo ministra del Deporte le pediría cuentas al Comité Olímpico? La vindicta pública ya la señala. Más allá del ejercicio de su función, es un verdadero fracaso y quien la puso como secretaria le hace un daño al Mindeportes y al COE”, dijo a Bucaram a EL UNIVERSO.

A quienes estamos muchos años en el deporte no nos queda duda de que al gobierno actual le importa un bledo lo que pasa en el deporte, pues, de no ser así, hace rato que habría adoptado una solución radical para eliminar el pluriempleo en las entidades deportivas en las que hoy se puede ser presidente de una federación, miembro de la directiva del COE y ministro, o viceministro. Como dijo Bucaram estos últimos diez años han sido fatales para el movimiento deportivo nacional, especialmente por la notoria incapacidad de quienes fueron elegidos para encabezar el ministerio.

Si al gobierno le interesara el futuro deportivo del país, hace rato que habríamos escuchado a algún personaje –el presidente, la ministra, el procurador, el contralor- opinar sobre el famoso contrato entre el desacreditado empresario Paco Casal y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para la televisación del campeonato nacional de fútbol y los partidos de la Selección. Un contrato por diez años, que pueden ser 20, de acuerdo a las cláusulas de ese instrumento, el cobro imperativo de una suma de dinero impuesto a las cable operadoras y traspasado a los usuarios del cable aunque les importe un pepino un partido de fútbol, los $270 millones, y algunas travesuras en el manejo de las propuestas, no merece ni el más mínimo comentario oficial.

Los defensores del contrato –que son muchos ‘periodistas’ que aspiran a ingresar a la plantilla del Canal del Fútbol- vociferan que es inconstitucional que la justicia intervenga en los manejos de dos empresas privadas. Falsedad que supone una ignorancia legal pues las federaciones ecuatorianas por deporte son entidades sin fines de lucro con finalidad social y pública, tema en el que ahondaremos en una próxima columna. Cualquiera que fuere su naturaleza ninguna entidad nacional puede librarse de la obligación de someterse a la Constitución y leyes de la República. (O)