/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/sandbox.eluniverso/UH4XEBZ3ANEEFCHCDQSDEL6MGI.jpg)
Retroceso en silencio
Este retroceso, que no puede parecer mínimo, implica muy graves riesgos: la no responsabilidad de los funcionarios que, por desidia o negligencia, desatienden pedidos de los administrados, afectando sus derechos e intereses; instancias administrativas ineficaces e ineficientes; violación de derechos fundamentales como la indicada seguridad jurídica, el derecho de petición y de recibir respuestas motivadas; constituirse en un atentado a los principios administrativos básicos y puerta abierta para la corrupción.
Inmunidad jurisdiccional
En un reciente dictamen adoptado, nada más y nada menos, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, se ha declarado a la “inmunidad jurisdiccional” contenida en uno de los mandatos expedidos por la Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de ratificar la validez de una resolución dictada por la AGD en contra de administradores y accionistas de Filanbanco
Fracaso constitucional
La Constitución de la República, aprobada en el año 2008, trajo consigo reformas sustanciales en cuanto al reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales.
La justicia no espera
La deuda que tiene el Estado ecuatoriano respecto a la administración de justicia continúa acrecentándose. El panorama no mejora ni con nuevas constituciones o leyes; la justicia se resquebraja y ya ni se sonroja al ser manoseada por quienes ostentan el poder.
El derecho al juez
Sin lugar a dudas, una de las reformas inaplazables que requiere el Ecuador tiene que ver con la justicia. La importancia de la reforma judicial constituye el pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia del país, pues es ante ella donde los ciudadanos logramos frenar los abusos del poder, las arbitrariedades y el despotismo.