QUITO
.- La Asamblea Nacional terminará este periodo con fuertes limitaciones y obstáculos para la fiscalización y acciones de control político de los asambleístas a la gestión pública.

Desde que comenzó sus funciones en agosto del 2009, Alianza PAIS (AP), con ayuda de aliados, controló las distintas instancias, incluida la Comisión de Fiscalización, en la que siempre tuvo mayoría.

Este panorama permitió que ningún ministro sea llamado a juicio político.

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De las 21 solicitudes de interpelación que llegaron a la mesa, 19 fueron archivadas. Todas presentadas por asambleístas de oposición y que abordaron distintos temas. Por ejemplo, el proceso iniciado contra el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, por los apagones; contra el exministro de Salud, David Chiriboga, por la muerte de neonatos; contra Richard Espinosa, extitular de la cartera de Relaciones Laborales y actualmente en Producción, por el despido de unos 2.000 empleados públicos, bajo la figura de la renuncia obligatoria.

Solo dos fueron aprobados en la comisión por incumplimiento de funciones: el proceso contra la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, que finalmente fue censurada; y contra los exvocales del Consejo de la Judicatura. Ambos casos fueron auspiciados por oficialistas: Rolando Panchana y Mauro Andino, respectivamente.

La comisión también abordó temas como el crédito irregular de $ 800 mil al argentino, Gastón Duzac, de parte del Banco Cofiec (de manejo estatal), sin que existan responsables políticos por este hecho. Incluso uno de los involucrados, el expresidente del Directorio del Banco Central, Pedro Delgado, nunca fue convocado.

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Sin embargo y pese a este escenario se impusieron nuevas regulaciones.

Cuando la oposición consiguió tener una mayoría de 63 asambleístas para reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el mandatario Rafael Correa logró frenar los cambios que en materia de fiscalización se buscó impulsar.

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A través de una demanda y posterior sentencia de la Corte Constitucional, Correa obtuvo la facultad de vetar esa ley y así evitó, entre otras cosas, que el pleno de la Asamblea sea el que resuelva el inicio o archivo de un juicio político.

El oficialismo también se enfocó en regular los requerimientos de información, pese a que durante los primeros años de este periodo fue parte de su discurso en defensa de la labor legislativa en esta materia.

Hasta inicios de este año se procesaron al menos 5.000 pedidos de información, que según los legisladores de AP no se conoce cómo se canalizaron.

El jefe de Estado dispuso a sus ministros que no entreguen información directamente a los parlamentarios, sino solo en las solicitudes canalizadas por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP). Adujo abusos de la oposición.

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Además, en los últimos meses, la Comisión de Fiscalización, ni siquiera dio espacio a la fase de sustanciación de la prueba dentro de los pedidos de juicios políticos. Al contrario, los desechaba en la sesión en que se conocía el proceso.

Leonardo Viteri (Machete) señaló que las acciones emprendidas por el oficialismo más la sentencia de 18 meses de prisión contra el asambleísta Cléver Jiménez (PK) son un mensaje para bloquear absolutamente la fiscalización. Y advirtió que los asambleístas que de manera transparente ejercieron una oposición seria contra las acciones presuntamente irregulares del régimen están amenazados por una persecución similar a la de Jiménez.

Para él, con el pasar de los meses en este periodo, la Asamblea perdió su autonomía y autoridad con lo que cerraron casi todas las posibilidades de ejercer acciones de control político a las instituciones públicas.

Como ejemplo, citó que hace quince días hizo un pedido de información al Ministerio de Salud sobre el costo de los hospitales móviles, bajo las condiciones exigidas por Correa y hasta ahora no recibe ninguna respuesta.

César Montúfar (Concertación) aseguró hace unos días que con la prohibición del mandatario de entregar documentación directamente a los asambleístas, prácticamente se cerró el círculo de lo que considera un sistemático ocultamiento de datos del Ejecutivo. Y que en ello también estarían jueces, que niegan los pedidos hechos por los legisladores con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Para la coordinadora del bloque de AP, Zobeida Gudiño, en este periodo sí hubo espacio para la fiscalización y que eso se demuestra en la serie de requerimientos que hicieron asambleístas y los dos juicios políticos que llegaron al Pleno.

Sin embargo, dijo que la oposición abusó de esa facultad al acusar e insultar desmedidamente a varios ministros, incluido al presidente.

Agregó que a los legisladores siempre les garantizó ese derecho y que la muestra fue cómo AP no autorizó los enjuiciamientos penales contra algunos de ellos porque sus acciones estuvieron enmarcadas en el campo legislativo.

El asambleísta electo por Loja, José Bolívar Castillo, subrayó que en el país aún se desconoce que la tarea fiscalizadora del Parlamento no sustituye, ni suplanta al trabajo de los jueces, ni a la Contraloría. Advirtió que cuando algún legislador, como ciudadano, descubre actos de corrupción tiene que canalizarlos a través de los organismos pertinentes, sin afectar la honra de nadie. “El control político se refiere a la facultad de que a través de esa clase de proceso se rectifiquen rumbos en las políticas del Estado”.

Solicitudes

Hay varios pedidos de juicios políticos planteados en este periodo de la Asamblea que se quedaron en el “limbo”.

Consulta a Corte

Las solicitudes en contra del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, no fueron admitidos por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La razón es que pese a que estos funcionarios tienen rango de ministros, un decreto presidencial los exime de esta clase de procesos. La Asamblea solicitó el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en febrero del 2011, sobre si estos funcionarios son sujetos a interpelación. Pero, aún no hay respuesta.

Sin votos

Los procesos planteados en contra del exfiscal general de la Nación, Washington Pesántez, y de la exministra de la Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce, no tuvieron los votos ni para la calificación, ni para el archivo.

Otros casos

De los casos procesados en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, cinco estuvieron dirigidos a autoridades de otras funciones del Estado que no fueron el Ejecutivo: Contra Gloria Sabando, entonces superintendenta de Bancos; los vocales del desaparecido Consejo Nacional de la Judicatura; Washington Pesántez, exfiscal general del Estado; Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.