Asegura que recibió con tranquilidad la condena de prisión de año y medio que resolvió ayer la jueza penal Lucy Blacio, pero anticipa que no pagará ninguna indemnización al presidente Rafael Correa, quien planteó una querella en su contra y del exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio y el activista político Carlos Figueroa, por injurias.

Para el asambleísta en funciones y reelecto por Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, la sentencia es ilegal e inconstitucional ya que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) nunca solicitó una autorización a la Asamblea Nacional para su enjuiciamiento "Es lamentable lo que pasa en el país de que un legislador por haber denunciado hechos de corrupción sea perseguido por el primer mandatario. Él está obligado a exigir que se  investigue lo denunciado, mas no a perseguir al que denuncia. En este país, el que denuncia es perseguido y enjuiciado y llamado corrupto por el presidente de la República".

Pregunta: Usted junto a Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa no pudieron probar que el presidente salíó del Hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010  hacia la UTE (Universidad Tecnológica
Equinoccial) y luego regresar al hospital para simular su rescate.
¿Eso no es cuestionable?
Respuesta:
El hecho principal de la denuncia no es que el presidente haya o no salido de ese lugar. El punto fundamental es haber ordenado rescatarle. El que estaba secuestrado, estaba dando órdenes para que se lo rescate. ¿Cómo se puede entender que un secuestrado tenga todos los medios de comunicación a su disposición para dar órdenes y firmar decretos?. Rafael Correa nunca estuvo secuestrado y eso lo hemos demostrado con documentos. Lo que se afirma  que (el presidente) salió del Hospital es simplemente una suposición que está redactada en la denuncia.

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P: ¿Y ustedes en la denuncia reconocen que es suposición?
R:
Así esta redactado. Eso debía haberse determinado a través de la Fiscalía, pero aún imaginémonos que esa aseveración es nuestra, el punto es que nunca nos permitieron confirmar la denuncia que presentamos. Cuando denunciamos en el 2011, el fiscal general Galo Chiriboga en nueve meses lo único que hizo fue pedir al conjuez Richard Villagómez que declare la denuncia de maliciosa y temeraria y que se la archive. Obviamente el conjuez atendió el pedido de Chiriboga y este atendió al presidente de la República que en una sabatina le pidió que archive la denuncia y la declare maliciosa y temeraria. Pero de manera ridícula el juez en esa sentencia pidió  que se desclasifiquen los documentos que estaban como reservados por el caso del 30 de septiembre del 2010.

P: ¿En la denuncia presentaron los documentos desclasificados?
R:
Claro que sí. Los presentamos a la Fiscalía General del Estado, es más, antes de que se desclasifiquen teníamos el informe de las Fuerzas Armadas que dice claramente que el que dio la orden para que se le rescate del supuesto secuestro fue el presidente de la República. Pero lo fundamental en este momento es que el presidente dice que estos cobardes' deben demostrarme que yo salí del hospital', pues no, estamos en otro juicio porque a nosotros no nos dieron la oportunidad de demostrar lo que denunciamos. Si el fiscal hubiese hecho un mínimo de investigación y pedido juicio, en este momento el país y el mundo sabría que el responsable del 30 de septiembre del 2010 se llama Rafael Vicente Correa Delgado.

P: ¿Y por qué todos estos argumentos no los plantearon en la audiencia de la semana anterior que primero se suspendió y luego se la convocó para el siguiente día?
R:
Son juicios completamente diferentes. Ahora el demandante es el presidente de la República.

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P: Pero era un espacio para que ustedes se defiendan.
R:
No. Es otro juicio diferente, nada tiene que ver lo uno con lo otro.  Este era un juicio por injuria en el que nos aplican el articulo 494 del Código Penal violando todas las leyes porque primero no nos permiten presentar pruebas de nuestra denuncia, luego cuando declaran a la denuncia de maliciosa y temeraria el presidente nos inicia una querella de acción privada penal. Enseguida la jueza Lucy Blacio, violando la Constitución y pisoteando la inmunidad parlamentaria y sin pedir autorización a la Asamblea Nacional, inicia el juicio prevaricando y arrogándose funciones. Según ella, porque es un delito común de injurias y no tiene que pasar por la Asamblea. Le recordamos a la jueza que la única institución que está capacitada legalmente y constitucionalmente para que determine una acción si es inherente a su función es la Asamblea.

P: La sentencia impone multa, indemnización y los obliga a ofrecer disculpas públicas al mandatario. ¿Lo van hacer?
R:
Para nada. El que debe ofrecer disculpas es el presidente. Yo no he robado ni matado a nadie, lo único que he hecho es cumplir con mi función de asambleísta y fiscalizador. Aquí se han violado muchos procedimientos. Y para aclarar,  el articulo 494 en el que se basan para sentenciarnos dice que una denuncia puede ser calificada de maliciosa y temeraria después del juicio, pero el país sabe que Galo Chiriboga nunca pidió juicio, por lo tanto ese delito no nos corresponde.

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P: ¿Pagarán la multa?
R:
No le voy a dar un solo centavo al presidente de la República menos ofrecerle  disculpas públicas. Ni un solo centavo porque la sentencia es ilegal  y no tengo recursos económicos... con el sueldo que gano pago la hipoteca, alimentación, educación y vestimenta de mi familia.

P: ¿Está dispuesto a ir a la cárcel?
R:
Voy a agotar todas las instancias nacionales y luego recurriré a instancias internacionales. Y si luego debo ir a la cárcel lo voy hacer.

P: Usted se apoyará en su inmunidad para no ir a prisión?
R:
Apelaremos la decisión de la jueza. Pero como no confío en los organismos de justicia locales pediré medidas cautelares a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para no ir a la cárcel porque si estoy ahí será difícil defenderme.