En un largo discurso de inauguración de la primera reunión de los estados parte del Pacto de San José, el presidente de la República, Rafael Correa, justificó el porqué de sus propuestas de reformas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas el cambio de su sede, el financiamiento y la restricción de su capacidad para emitir medidas cautelares.

Y como anfitrión de la cita en Guayaquil lanzó su propuesta para que Argentina sea la nueva sede de la Comisión y salga de Estados Unidos, un país que dijo, no es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no reconoce el Sistema Interamericano, ni es firmante del Pacto de San José.

Sobre el financiamiento reiteró su propuesta para que los recursos salgan exclusivamente de los estados que han firmado la Convención y no aceptar donaciones de países que no son parte y tampoco permitir fondos de organizaciones no gubernamentales.

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"Se requieren $ 15 millones para financiar a la CIDH y si algún país tiene algún problema para aportar a este financiamiento, Ecuador suplirá esa cuota", se comprometió el mandatario ecuatoriano.

Y agregó que el financiamiento debe ser de estados parte que consideran vinculante a la Convención y "repartidos equitativamente entre las relatorías", no solo para la de la Libertad de Expresión a la que criticó.

Aunque previamente dijo que "todos sabemos que aquel que financia impone las condiciones (al referirse a Estados Unidos y otros países europeos donantes)", al cuestionar de que "cómo es posible que la CIDH se financie en su totalidad por paises que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por estados observadores que no son parte y por organismos de cooperación internacional de esos mismos países. Pagan para controlar a los demás en nombre de los derechos humanos", señaló.

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También planteó que tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean "constituidas por nacionales (delegados) de estados que han ratificado la Convención Americana". (Correa propuso hace varias semanas atrás a Erick Roberts, funcionario de la Procuraduría General del Estado, como candidato parta integrar la CIDH).

Sobre las medidas cautelares dedicó cerca de 8 minutos para explicar su inconformidad y decir que  el "estado ecuatoriano no reconoce la capacidad de la CIDH para imponer medidas cautelares y solo reconoce la capacidad de la CorteIDH que sí las tiene".

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En una explicación un tanto confusa, el mandatario dijo lo que realmente los estatuos le permiten a la CIDH: solicitar medidas cautelares, aunque el mandatario afirmó que la Comisión no solicita, más bien ordena. Y trató de aclarar señalando que no está en contra de estas medidas sino "en contra de la burocracia con agenda propia. Discutamos las medidas cautelares, no que se arroguen funciones, con imparcialidad objetividad. No como ahora cuando se enjuicia a medios de comunicación atropellando todos los procedimientos. Molesta como van mucho más allá de las atribuciones que tienen y rompen la legalidad y evidencias agendas propias".

Correa también propuso un código de conducta para los miembros de la Comisión e institucionalizar la reunión de los estados parte del Pacto de San José. "Esta instancia y las reformas a la CIDH son impostergables... que esta Comisión asuma y se despolitice su accionar".

Y finalizó diciendo que la CIDH "está absolutamente dominada por países hegemónicos, y por intereses del gran capital que está atrás del negocio dedicado a la comunicación".