5 años después en Angostura aún se ven los efectos del bombardeo

Los familiares de dos de los cuatro mexicanos que murieron el 1 de marzo del 2008 en un ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en Angostura, en la Amazonía ecuatoriana, llegaron al sitio del bombardeo cinco años después para rendirles un homenaje.

Álvaro González Pérez e Israel Avilés Ángeles, padre y hermano de Juan González y Sorens Avilés, víctimas mortales del ataque, viajaron el viernes pasado cerca de seis horas desde Nueva Loja a Angostura para colocar un arreglo floral con los colores de la bandera de México y una corona fúnebre.

En la zona, además de los mexicanos, murieron otras 17 personas, entre ellos Raúl Reyes, quien era el segundo líder de la agrupación guerrillera, en tanto que tres mujeres, entre ellas la mexicana Lucía Morett, sobrevivieron al ataque militar.

El camino a Angostura en la provincia de Sucumbíos es complicado. Luego de dos horas y media de viaje por carretera hay que tomar una vía de segundo orden que lleva hasta el río San Miguel. Ahí una gabarra traslada vehículos y personas al otro lado de la orilla para seguir la ruta a la población de El Palmar. En el trayecto, donde se pueden ver campos petroleros, se ubican tres controles militares ecuatorianos.

En El Palmar es necesario abordar una lancha que navega por 40 minutos por el río Putumayo, frontera entre Ecuador y Colombia, hasta llegar a un puerto improvisado desde el que se camina una hora más para llegar a la zona selvática donde ocurrió el bombardeo.

El intenso calor y lo difícil del terreno no detuvo a González y Avilés, quienes fueron acompañados por más de cincuenta personas entre miembros de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), pobladores del sector y periodistas.

Luego de cinco años, aún se pueden encontrar los troncos de los grandes árboles que fueron arrancados de raíz y se quemaron producto de las más de 10 bombas de alto poder que fueron arrojadas en la zona por la Fuerza Aérea Colombiana.

Sin embargo, la vegetación es tan espesa que ni los guías pudieron localizar en un inicio el punto exacto donde estuvo el campamento guerrillero, por lo que se hizo una colocación simbólica de las ofrendas florales en toda la zona.

Israel Avilés Ángeles señaló que con esta visita él y su familia cierran uno de los círculos que existen en torno a la muerte de los jóvenes, de la cual responsabilizan al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, al entonces Ministro de Defensa y actual presidente, Juan Manuel Santos, y a la entonces cúpula militar y policial de Colombia.

Álvaro González dijo que si bien los chicos no están físicamente, sus inquietudes y preocupaciones por los problemas de la sociedad latinoamericana se mantienen entre los jóvenes mexicanos de su generación.

En el retorno recién se pudo encontrar los destrozos de lo que era el campamento. Ropas, maderas y enseres usados por los miembros de las FARC aún se pueden ver en esta zona selvática que los activistas de los Derechos Humanos piden se declare campo santo.

Entre los pocos pobladores de Angostura existe recelo de hablar sobre el tema. Todos recuerdan el sonido y los temblores que se producían cada vez que las bombas impactaban sobre la tierra. “Ustedes vienen cada y cuando por acá y le quieren poner a uno contra la pared con sus preguntas. A nosotros nos han preguntado, investigado, pero no tenemos nada que ocultar y por eso seguimos viviendo aquí”, señaló en tono molesto una mujer de la zona.

El jueves pasado, los abogados de Inredh se reunieron con el fiscal provincial de Sucumbíos, Edgardo Flores, y el fiscal que lleva el caso, Carlos Jiménez, para entregar las conclusiones preliminares de un informe que elabora la Corte Penal Internacional y con el que buscan cambiar el tipo de delito que se investiga por el bombardeo de Angostura.

Luis Saavedra, director de Inredh, dijo que en el documento se señala que el gobierno de Colombia (en la época de Uribe) sistemáticamente ha eliminado a sus opositores, sean estos parte de la guerrilla, sindicalistas o dirigentes campesinos.

“Si podemos incorporar esta evidencia dentro de las cortes, nos permitiría a nosotros poder recategorizar el delito, es decir, que no sea tomado como un asesinato con agravantes, sino que este asesinato sea considerado como un crimen de lesa humanidad”, dice Saavedra.

También pidieron que se reactive la etapa de juzgamiento, que lleva represada cerca de dos años, para los procesados Freddy Padilla León, excomandante del Ejército Colombiano; Óscar Naranjo Trujillo, jefe de la Policía de Colombia, y altos oficiales como Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera Hurtado, Manuel Álvarez Ochoa y Jorge Vallesteros.

González y Avilés preveían retornar ayer a su país luego de conocer el sitio donde perdieron a su hijo y hermano, respectivamente. En sus rostros se observaba cierta sensación de alivio, aunque señalaron que no permitirán que se deje de juzgar a los que ellos consideran responsables del bombardeo.

Luis Saavedra
DIRECTOR DE INREDH
“Si podemos incorporar esta evidencia (sobre el gobierno colombiano) dentro de las cortes, nos permitiría poder recategorizar el delito (..) que sea considerado como un crimen de lesa humanidad”.