Las del domingo próximo son las primeras elecciones nacionales que organiza el actual Consejo Nacional Electoral (CNE). Es, además, la primera vez que, en más de cuatro años, el proceso está a cargo de autoridades definitivas y no de transición.

En ese periodo, los comicios habían sido convocados por funcionarios temporales, desde que el 25 de octubre del 2008, cinco días después de la entrada en vigencia de la Constitución, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio paso al CNE, presidido entonces por Omar Simon.

Fue ese CNE el que organizó los dos últimos sufragios nacionales, las elecciones generales del 2009 y el referéndum del 2011, y lo hizo en medio de quejas por la supuesta falta de control en el uso de la maquinaria estatal por parte de candidatos oficialistas. Cambiaron las autoridades, pero no las críticas.

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El actual Consejo, designado el 15 de noviembre del 2011, es el blanco de los cuestionamientos de las organizaciones de oposición. Dos son las observaciones más frecuentes entre los actores políticos: la presunta inobservancia a la legislación y el supuesto tratamiento desigual a las agrupaciones que buscan llegar al Palacio de Carondelet.

El primer punto se manifiesta, por ejemplo, en el control de la publicidad electoral y el manejo del derecho a la réplica, ambos contemplados en la legislación vigente. La información de los aspirantes presidenciales en los medios de comunicación se difunde a través de dos canales: la publicidad de las franjas financiadas por el Estado y los espacios informativos gratuitos (noticiarios, programas de opinión, entrevistas o especiales).

Sin embargo, uno de los siete postulantes ha podido hacer uso de una tercera vía de promoción en los medios, aunque no con fines electorales: el mandatario Rafael Correa (con licencia por la campaña), a través de la publicidad pautada por las instituciones del Gobierno central.

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Para Xavier Buendía, presidente del Centro de Observación Ciudadana (COC), el desarrollo del proceso electoral ha estado marcado por la “absoluta inequidad” y la vulneración a la seguridad jurídica. Lamenta, por ejemplo, que el CNE no haya observado el artículo 205 de la Ley de Elecciones, que señala que, a partir de la convocatoria a los comicios, efectuada el 18 de octubre, “se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales con excepción de las dispuestas por el Consejo”.

Este organismo modificó, el pasado 1 de noviembre, el art. 33 del Reglamento de Promoción Electoral y así se viabilizó la difusión de la publicidad gubernamental, sin necesidad de la autorización de esta institución.

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Y la publicidad oficial aumentó. Así lo revelan las cifras de la Corporación Participación Ciudadana (CPC). Según datos del monitoreo efectuado por la organización en nueve canales de señal nacional, las instituciones del Gobierno central casi duplicaron su gasto en publicidad, en relación con meses anteriores.

De hecho, noviembre y diciembre fueron los dos meses que más gastos registraron en el 2012: $ 2’010.021 y $ 2’165.527, valores que incluyen el 70% de descuento que el régimen dice tener en estos medios de comunicación. En octubre, en cambio, se destinaron $ 1’235.874.

El artículo 207 le asigna otra tarea al CNE. El apartado señala que, durante la campaña, las instituciones públicas “están prohibidas” de difundir publicidad a través de prensa escrita, radio, televisión y vallas. “Únicamente podrán informar a través de estos medios sobre asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de planes y programas específicos y que se encuentran en ejecución durante este periodo”, según se añade.

El subdirector de la CPC, Simón Jaramillo, también a cargo de la asesoría jurídica, señala que tres de las cuatro excepciones a esta veda publicitaria son específicas, pero la última deja la puerta abierta a subjetividades o discrecionalidad de quien debe revisar y autorizar la difusión.

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El primer punto habla de planes que estén o deban ejecutarse en este periodo, el electoral; el segundo, de información sobre cierre o habilitación de vías por obras públicas; el tercero, de medidas ante catástrofes o situaciones de emergencia.

La cuarta, sin embargo, alude a “temas de importancia nacional”. “Ahí queda un poco abierto. Nosotros consideramos que se debían mantener las tres primeras excepciones. La cuarta es el problema, pero, salvo esta, la normatividad es bastante rígida y acertada. El tema de fondo es, más bien, el control. Para que esto funcione, tiene que haber un adecuado control del organismo electoral, que es lo que al final de la campaña podremos ver. Tienen que ser totalmente estrictos al momento de autorizar una propaganda, una publicidad oficial. Tienen que ver que realmente se configure cualquiera de las causales”, dice Jaramillo.

En todo caso, aunque aún no está listo el reporte de la inversión estatal en publicidad en enero, la CPC estima que, en general, esta ha bajado. Sin embargo, según el informe sobre la participación de los presidenciables en espacios informativos de esta misma entidad, Rafael Correa es el postulante que más tiempo de exposición registró en los medios durante el primer mes de campaña: desde el 4 de enero hasta el 4 de febrero.

Esta medición, que no incluye las franjas electorales, tomó en cuenta espacios noticiosos, informativos, de opinión y de debate, en 23 medios nacionales: 9 canales, 6 radios y 8 impresos.

Correa registró, en 31 días, una exposición de 2.297 minutos, es decir, más de 38 horas. Le siguen Guillermo Lasso (CREO), con 1.225 minutos; Mauricio Rodas (SUMA), con 998; Alberto Acosta (MPD-PK), con 854; Lucio Gutiérrez (PSP), con 746; Norman Wray (Ruptura), con 467; Nelson Zavala (PRE), con 450; y Álvaro Noboa (Prian), con 386.

El candidato-presidente es quien más aparece en los canales: 1.436 minutos; de lejos le sigue Lasso, con 601. Pero existen matices en las cifras mostradas. El director del Centro de Monitoreo de la CPC, Pablo Villacís, aclara que, en televisión y radio, se tomaron en cuenta los noticiarios y programas especiales creados específicamente para esta etapa electoral. Sin embargo, algunos presidenciables se han excusado de asistir a estos o de hablar con ciertos medios.

Correa registra mayor cobertura en los medios públicos. Una comparación entre quienes ocupan los dos primeros puestos en los canales que están en manos del Estado: EcuadorTV le destinó 281 minutos a Correa y 131 a Lasso; Gamatv, 355 a Correa y 101 a Rodas; TC Televisión, 188 a Correa y 61 a Lasso.

Ocurrió lo contrario en canales privados, como Ecuavisa o Teleamazonas, medios a los que el mandatario no ha acudido durante la campaña. “En el caso de dos canales de televisión privados, Telerama y RTU registran un tiempo mayor de exposición del candidato Rafael Correa, a través de su enlace a un mitin de campaña del candidato de Alianza PAIS de aproximadamente una hora”, se lee en el informe difundido el jueves.

¿Qué pasa con la equidad? ¿Cómo aplicarla cuando el candidato no acepta ir a determinados medios? ¿Qué hacer, en cambio, si es el medio el que no procura otorgar espacios equitativos? ¿Cómo saberlo?