Dalo Bucaram exigió excusa de juez

La defensa de los asambleístas Abdalá Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño solicitó al juez Eduardo Santamaría, titular de la Unidad Tercera de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, que se excuse de conocer la denuncia que interpuso contra la pareja el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

Las entidades acusaron a los legisladores de violentar los derechos de sus tres hijos al autorizar a este Diario la publicación de fotografías en las que estos aparecen junto al presidente Rafael Correa.

La denuncia alcanza también al director de EL UNIVERSO, Carlos Pérez Barriga.

En una rueda de prensa en el Colegio de Abogados del Guayas, ayer por la mañana, Pedro Granja, abogado de Dalo y de Gabriela, exigió que el juez se excuse por “haber manoseado” la fecha de la audiencia para analizar la denuncia.

Este la había fijado inicialmente para el 31 de agosto, pero luego la adelantó para el 23 alegando un “error involuntario”, como constaba en la página web de la Función Judicial.

El propio juez señaló que no se había logrado notificar a los acusados porque no se conocían sus casilleros judiciales. “Y entonces, si no fueron notificados, ¿sobre qué vamos a debatir en la audiencia si no conocemos el contenido de la denuncia?”, cuestionó Granja.

La pareja le dio un plazo de 48 horas para que se retire del caso; sino, planteará un juicio de recusación (que sea removido). “En el momento en que el juicio entre al sistema pierde la competencia hasta que este se resuelva”, explicó el abogado.

En la tarde, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales del Guayas hizo pública su decisión de no admitir la acción de protección que interpusieron Dalo y Gabriela contra el presidente Rafael Correa; el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado; y la asambleísta de Alianza PAIS, Rosana Alvarado.

A través de este recurso, los legisladores buscaban impedir que estos personajes políticos utilicen la imagen o se refiera a sus hijos a través de los medios o las redes sociales.

El tribunal, integrado por Carmen García (presidenta), Ricardo Barrera y Luis Alberto Alfonso de la Cruz, argumentó que los demandantes no demostraron la vulneración de derechos de los menores.

Granja rechazó esta resolución porque, según el artículo 16 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la carga de la prueba en todo proceso constitucional se invierte; es decir, que le corresponde a los demandados comprobar que no hubo afectación a los derechos.

El abogado adelantó que enjuiciará a los tres magistrados por prevaricato.