La droga sienta raíces

Era la tarde del 28 de abril del 2011. Hombres en motos hacían piruetas, en una caravana, en las intersecciones del cantón Chone, en la provincia de Manabí, para abrir paso al féretro. Disparaban al aire. Dos gallos se picoteaban sobre el ataúd. Ello ocurrió en torno al sepelio de Jairo Proaño Pazmiño, quien murió en un enfrentamiento con policías, el 27 de abril del 2011.

Proaño era considerado uno de los líderes de la organización delictiva Los Choneros, grupo identificado por la Policía como el brazo armado de la droga en el país. Sus integrantes son, en otras palabras, los custodios de los cargamentos ilegales. Los que se encargan de garantizar el envío del alcaloide al extranjero en medio de rencillas que provocan asesinatos bajo encargo o ajustes de cuentas. Son las secuelas del tráfico de drogas que penetra las fronteras del país.

Según estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicadas en un informe en marzo pasado, unas 120 toneladas (t) de cocaína transitan por el país cada año.

Sin embargo, los registros de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) indican que, en promedio, en Ecuador se decomisa alrededor del 20% de esa cantidad, con excepción de algunos años. Por ejemplo, en el 2009 se alcanzó la cifra récord de 68 t de droga incautada. En contraste, en el 2010 y el 2011 los decomisos se redujeron a 18,1 t y 26,09 t, respectivamente. Este año, en cambio, se han decomisado 21,2 t entre enero y junio.

El territorio nacional es utilizado por los narcotraficantes como centro de acopio, la ruta de tránsito de la droga producida en el sur de Colombia y norte de Perú, hacia los mercados de consumo en Estados Unidos y Europa. En el camino se generan vínculos con campesinos, pescadores, choferes, empresarios, policías, políticos y más, según dice un agente de la Unidad de Inteligencia Militar, quien pide la reserva de su nombre.

Las diversas modalidades empleadas por los narcotraficantes han involucrado a miles de personas en el ilícito. Solo entre enero y junio, la DNA registró a 2.400 personas detenidas por delitos vinculados al tráfico y la tenencia de sustancias ilícitas.

La fuente militar sostiene que la droga sale principalmente por mar. Las formas son variadas. Una de las más comunes se efectúa a través de enlatados. Un ejemplo: en el país hay fábricas que se dedican a vender enlatados (de frutas u otros comestibles, como el atún), pero sin marcas específicas. Luego se vende este producto a empresas que solo colocan la marca y que tienen permiso para exportar.

La introducción de la droga se realiza en cualquiera de estas fases, con sobornos a los involucrados en la cadena del negocio (choferes, empleados o los mismos dueños de las compañías).

El militar agrega que esta carga –que se envía en contenedores y sale por los puertos del país (Manta, Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar)– no es sometida a un control total, pues estas empresas envían varios cargamentos con el mismo producto, pero no todos son abiertos para la verificación del contenido. Es decir, si envían seis contenedores, uno o dos son inspeccionados. La revisión es aleatoria. “Si hay sapada, caen”, indica el militar, aunque agrega que también hay soborno en esta fase.

El director nacional de Antinarcóticos, Juan Carlos Barragán, dice que solo el 2,1% de los 285 mil contenedores que se movilizan al año por el puerto de Guayaquil son revisados. “Estamos generando estrategias para elevar el número de registros en los puertos porque se generan otras modalidades en la actividad criminal, nuevas formas de poner la cocaína en los contenedores o en los barcos”.

El narcotráfico implica, además, delitos conexos como el lavado de dinero. Un agente de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) de la Policía, quien pide la reserva de su nombre, reconoce que es complicado vigilar el movimiento de pequeñas cantidades de dinero ilícito, un proceso conocido como el ‘pitufeo’.

Dice que la falta de personal para hacer un seguimiento minucioso y la ausencia de normativa para vigilar pequeñas transacciones dificultan el control.

Según registros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el 2011 se recibieron más de 80 millones de reportes de operaciones económicas que igualaban o superaban los $ 10 mil, cantidad base definida para identificar presuntos movimientos irregulares de recursos. De este total, 397 casos se transformaron en reportes de operaciones inusuales e injustificadas, y tan solo 47 de ellos llegaron a la Fiscalía para ser indagados.

Al tránsito de la droga y el dinero que se genera se suma el procesamiento de la base de cocaína dentro del territorio nacional, lo que queda en evidencia con el hallazgo de al menos 23 laboratorios en los últimos diez años, según la información que ha difundido la Policía.

Uno de estos laboratorios fue detectado en julio del 2011 en medio del bosque seco del cantón Montecristi, en Manabí, una zona que carece de vertientes permanentes de agua, necesaria para procesar el alcaloide. Los narcotraficantes compraban el líquido –que se almacenaba en cuatro tanques elevados y en cisternas– a tanqueros.

Hasta antes del hallazgo de este laboratorio, los narcotraficantes habían ocupado las propiedades cercanas al mar como centros de acopio de la droga.

Una pareja, Nelson Espinela, de 46 años, y Rosa Holguín, de 63, fueron involucrados en este ilícito por la Policía en septiembre del 2009. En la propiedad de Holguín, que tiene salida al mar, se encontraron 15 kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en el bosque del sitio La Clemencia, en Montecristi.

Casi tres años después, ambos siguen viviendo en la zona. Salieron en libertad luego de estar seis meses tras las rejas. “Sé que una vecina sapa llamó, pero todo se lo dejo a Dios”, dice Holguín. Relata que un “hombre narizudo”, quien no era del sector, le había ofrecido $ 20 a cambio de que le permita guardar una furgoneta por tres días. “Se quedaron dañados. Iban dos días cuando llegó la Policía”, dice.