AGENCIAS
ASUNCIÓN.- El nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, intentó ayer calmar el malestar que su investidura generó en varios gobiernos de América Latina y remarcó que en su país no hubo golpe de Estado ni quebrantamiento de la democracia, como dijeron algunos mandatarios.

Anunció incluso que intentará contactar a su destituido antecesor, Fernando Lugo, para que ayude a explicar lo que ocurrió en su país a los vecinos de la región, que se niegan a reconocer su mandato.

Pese a los esfuerzos de Franco, quien fue vicepresidente de Lugo, algunos países adoptaron medidas en rechazo a la destitución del exobispo de la Iglesia católica. El gobierno argentino retiró a su embajador de Paraguay, Rafael Romá, debido a lo que considera "una ruptura del orden democrático".

Publicidad

En un breve comunicado, la Cancillería argentina aclaró que la representación diplomática del país en Paraguay "quedará a cargo de un encargado de negocios hasta que se restablezca el orden democrático". Tras el anuncio, el nuevo canciller paraguayo, José Félix Fernández Estigarribia, se puso en contacto con su par argentino para discutir sobre la medida.

En protesta por la destitución de Lugo, Brasil convocó ayer a su embajador en Paraguay para analizar la situación y anunció que evalúa junto con sus socios del Mercosur y de la Unasur, las medidas para hacer frente a la "ruptura del orden democrático" en el país vecino. Igual convocatoria a su representante diplomático hizo Uruguay.

Luego de asumir su despacho, Franco, médico de profesión, ofreció una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, que hasta la noche del viernes estuvo encabezado por Lugo, quien fue destituido por el Congreso de Paraguay, tras un proceso de juicio político por mal desempeño de funciones. El socialista ocupó la primera magistratura en agosto del 2009 y debía concluir su mandato en agosto entrante.

Publicidad

Los países que integran la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) cuestionaron la "maniobra de los sectores de la derecha política del Paraguay" para remover a Lugo, por lo que calificaron su separación de ilegal. En el grupo están Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y Antigua y Barbuda.

En cambio, los doce estados de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no han decidido desconocer como bloque a Franco, pero sí han expresado su preocupación por la situación en Paraguay.

Publicidad

El presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió que la Unasur se reúna de emergencia la próxima semana y adopte una posición en conjunto. Los detalles de la cita aún se coordinan, pues quien preside de momento el órgano es Paraguay.

Las posturas son divergentes entre los socios de la Unasur. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela califican la remoción de Lugo como un golpe de Estado y sugieren sancionar a Paraguay, según las cláusulas del bloque. Colombia y Brasil rechazan la destitución, pero se mantienen cautos y argumentan estar analizando la situación.

Aunque el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó que el proceso por el cual fue destituido Lugo de la presidencia paraguaya deja un "mal sabor", indicó que espera un informe de la canciller María Ángela Holguín para fijar una posición respecto al caso.

El canciller paraguayo, Félix Fernández, afirmó que había total respeto hacia los presidentes del continente y que se intentará conversar con ellos. "Ratificamos ante la comunidad internacional el cumplimiento del ordenamiento jurídico constitucional", declaró.

Publicidad

De momento, el nuevo gobierno está a la espera de una invitación formal para la cita del Mercosur, que será los próximos jueves y viernes.

Los integrantes de ese mercado común son Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, cuya presidenta, Cristina Fernández, será la anfitriona de la cita.

Franco ha indicado no tener la invitación clara al gobierno paraguayo, pero que entiende la situación que se da y que no forzará nada.

Reacción: Instancia de la OEA
Santiago Canton
secretario de la CIDH
"Es una parodia de la justicia y un atropello al estado de derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse".