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EE.UU.
El martes pasado, una alianza de organismos gubernamentales de control entregaron 100.000 firmas a la Corte Suprema junto con una carta de cientos de profesores de derecho en la que exhortan a los magistrados a adoptar voluntariamente el código de conducta que se aplica a todos los demás jueces federales, así como a reformar el proceso por el cual manejan las solicitudes de recusación.

El fallo, emitido al día siguiente, de un tribunal federal de apelaciones sobre el caso de un juez procesal federal ejemplifica por qué la recusación sobre un conflicto de intereses no se puede dejar exclusivamente al juez involucrado y es necesario que lo revisen otros magistrados. No obstante, la Corte Suprema funciona sin un mecanismo parecido, el cual es de suma importancia para preservar la confianza en su integridad.

El juez Loren Smith, al aplicar un estatuto federal, asignó 87,3 millones de dólares del gobierno federal a cuatro compañías petroleras en octubre de 2009 para reembolsarles los costos por limpiar desechos peligrosos de la Segunda Guerra Mundial. Unas semanas después, les dijo a las partes que se había percatado de que su esposa poseía 98 acciones de interés en Chevron, la empresa matriz de Texaco y Union Oil, dos de las compañías de la demanda.

El Gobierno presentó una moción para requerir que Smith se recusara del caso, de conformidad con el Código de Conducta para los Jueces de Estados Unidos, el cual se aplica en casos que atañen a todos los jueces federales, excepto a los magistrados de la Corte Suprema. El magistrado Loren Smith reconoció el conflicto de intereses en cuanto a Texaco y Union Oil, y solicitó que se asignaran sus demandas a otro magistrado. Sin embargo, dijo que conservaría el control de las otras dos empresas en el caso, Shell y Arco.

El Gobierno apeló su decisión de recusarse parcialmente, y el tribunal de apelaciones concordó, y señaló que el código de conducta manda que el juez se descalifique de todo el proceso tan pronto como descubra el conflicto. Aunque haya podido actuar con las debidas intenciones, la Corte dijo que su decisión contradice el mandato del Código de hacerse a un lado de “cualquier proceso en el que, razonablemente, se pudiera cuestionar su imparcialidad”.

La Corte Suprema, para la cual no es vinculante el Código, deja las decisiones sobre las recusaciones a cada magistrado. Ellos casi nunca explican cómo manejan las solicitudes de recusación. Y si alguno de ellos llegara a razonar incorrectamente sobre alguna, no habría ninguna revisión independiente.

Sin limitar su independencia, la Corte Suprema podría adoptar un proceso sensible de recusación, como el propuesto por Stephen Gillers, el experto en ética jurídica. Cualquier moción de recusación se enviaría tanto al magistrado involucrado como al magistrado presidente (o al magistrado asociado sénior si ella implicara al magistrado presidente); si decidiera no recusar, el magistrado revisor consideraría si la moción tendría mérito y, de ser así, la referiría al pleno de la Corte Suprema (menos el magistrado en cuestión) para que se emitiera el fallo; y la recusación requeriría una mayoría de votos. Cualquier decisión del pleno de la Corte Suprema, para recusarse o no, requeriría un dictamen por escrito.

Este enfoque agregaría muy poco a la carga de trabajo de la Corte ya que las mociones de recusación son raras. Sin embargo, ayudaría en mucho a la credibilidad de la Corte Suprema entre la población estadounidense.

© 2012 New York Times News Service.