Con el derrocamiento el 20 de abril del 2005 del expresidente Lucio Gutiérrez y el ascenso al poder de Alfredo Palacio, el país se queda sin Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este vacío legal se solucionó con una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial aprobada en el Congreso de ese entonces con el apoyo de una mayoría integrada por el PSC, ID y Pachakutik.

Las reformas incluyeron un nuevo mecanismo para designar a la CSJ. Se conformó un Comité Calificador presidido por Carlos Estarellas Merino, quien representaba a las facultades de Jurisprudencia del país. También lo integraron un delegado de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y de las cortes superiores.

A la par se formó una veeduría internacional que incluía a miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

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Con el voto de tres de los cuatro vocales del Comité se definió que los 42 aspirantes que quedaban sean escogidos según su origen hasta completar el número que disponía la Ley: 11 judiciales de carrera, 10 de la cátedra universitaria y 10 abogados de libre ejercicio.

Así, el 29 de noviembre de 2005 se designó a la última CSJ que se ha escogido en el país, tras un proceso de seis meses.

El investigador de la Flacso, Santiago Basabe, afirma que pese a los filtros, aún se evidenció una influencia de partidos como el PSC, aunque en menor magnitud. Esta CSJ se desmembró con la aprobación de la nueva Constitución de Montecristi creada en el gobierno actual.