La suegra, enferma y presa en casa; la nuera, sin dinero y con cáncer

Una anciana diabética estuvo en la cárcel una semana y desde el pasado sábado permanece en prisión domiciliaria porque no puede pagar la pensión alimenticia a su nuera. Esta, en cambio, atraviesa penurias para mantener a sus cuatro hijos y enfrenta un cáncer terminal.

Lorena Benalcázar, jueza quinta de la Niñez de Manabí, dijo que dictó orden de prisión contra María Fabiola Tuárez Meza, de 66 años, tal como lo determina la ley, pero por la situación económica de ambas partes dispuso un análisis social que determinó que ellas atraviesan calamidades, al punto que la demandante, Fátima Alexandra Bravo Yépez, padece de cáncer terminal y Tuárez tiene serios problemas de salud.

Tuárez Meza asaba ayer, en su viejo horno de barro, cuatro plátanos que desayunaría con su hijo Freddy Cedeño y su nuera, en su rústica casa de caña de la ciudadela María Leticia, parroquia Pueblo Nuevo, ubicada a 30 minutos de Portoviejo.

Estaba más tranquila luego de que el pasado sábado salió de la cárcel del cantón Bolívar, donde permaneció detenida una semana por adeudar una pensión alimenticia de 1.250 dólares, equivalentes a un año de prestaciones a sus cuatro nietos, quienes viven con su madre, Fátima Alexandra, quien quedó viuda hace seis años de Reynaldo Cedeño, hijo de Tuárez.

Dos agentes policiales llegan ocasionalmente a verificar que no salga de su vivienda, pues ahora debe cumplir arresto domiciliario hasta que cancele el valor total. María desconocía qué le afectaba más: el pago de los $ 1.250 por la demanda que instauró su nuera en septiembre del 2010 o la serie de afectaciones en su salud, como diabetes y una operación en la vesícula que debe hacerse.

A sus 66 años, viuda y madre de ocho hijos, ella es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. Eso la motivó a que el pasado 3 de septiembre viajara hasta una agencia bancaria de Calceta, cabecera cantonal de Bolívar, pero cuando hacía columna fue sitiada por dos agentes policiales y la apresaron.

“Ellos dejaron que cobrara el bono y me arrestaron, yo no quería, me puse nerviosa, yo pataleé en el suelo, pero ellos decían que cumplían órdenes y así me llevaron”, declaró Tuárez, quien relató que por la crisis nerviosa la llevaron en dos ocasiones al hospital de Calceta y le permitieron cumplir con la pena en uno de los dormitorios del cuartel policial.

La jueza Benalcázar reconoció que en el caso de Tuárez pudo habérsele pasado el hecho de la edad. Pero aclaró: “No podemos subestimar a nadie ni relegar los derechos de niños, niñas y adolescentes por encima de las demás personas”.

Ayer, Fátima Bravo no quiso atender a este Diario cuando fue requerida en su vivienda, ubicada a 70 metros de la que reside su suegra.

Un vecino de ambas familias –quien no se identificó– reconoció que ambas tienen diferencias. “Se escucha mucho de que las dos se han causado daño, pero no se dan cuenta de que los niños son los que más pierden”, expresó.

Apuntes: El aspecto legal
Reformas a Ley
En la Asamblea Nacional está en espera un proyecto que reforma la Ley de la Niñez y Adolescencia sobre el pago de pensiones alimenticias, que en el actual marco legal dispone que, a falta de uno de los padres, sean los abuelos u otros familiares los que deban responder. No toma en cuenta su edad y dispone el apremio o prisión.

Juzgado sin personal
Una sola persona debe encargarse para analizar las condiciones económicas en los más de 20 juzgados de menores en Manabí, una provincia que tiene 22 cantones y algo más de 18 mil kilómetros cuadrados. Según la jueza Lorena Benalcázar, esa persona debe conseguir sus propios recursos para movilizarse.