Estamos acostumbrados a esperar los informativos de televisión. Siempre desde las pantallas alguna noticia nos impacta o despierta un interés especial. A unos, lo que tiene que ver con la política, a otros lo relacionado con el deporte, no faltan los que esperan con ansias la información de la farándula o con morbosa ansiedad la crónica de robos y crímenes.

Esta vez dos noticias, una tras otra atrapan mi atención y me plantean muchas inquietudes. En la primera, la cámara muestra a muchas personas durmiendo fuera de un hospital en Machala, para ver si consiguen una consulta médica. Algunos que lo lograron, en cambio, dicen que solo consiguieron la consulta y que no tienen dinero para los medicamentos que no se los dan.

En la segunda, padres y madres de familia acompañados de sus hijos e hijas, hacen enormes colas para conseguir una matrícula escolar en Quito.

Ambas muestran que no somos capaces de superar la inequidad. El sector salud fue puesto en emergencia y según las declaraciones de directivos del hospital, no tienen el dinero, ni el personal suficiente para garantizar la atención a todos los que la solicitan.

En el caso de las matrículas, funcionarios del Ministerio han pedido paciencia y garantizado que nadie se quedará sin matrícula y han declarado que el problema se ha suscitado porque la demanda es superior a lo previsto. Que la demanda por educación sea superior a la de otros años es una buena noticia, sin embargo, para que lo sea, realmente, hace falta que efectivamente obtengan un cupo en el sistema educativo.

Ambos episodios, presentados uno tras otro, dejan un sabor amargo. Cierto, que esto no es nuevo en el país, pero eso no es una disculpa, es tan solo una constatación de que en campos tan importantes los cambios anunciados no han llegado por completo.

Una democracia se caracteriza porque las leyes y las normas son elaboradas por las mismas personas o sus representantes que luego van a vivirlas, cumplirlas y protegerlas. En este caso, la deficiencia no está en las leyes sino en su aplicación. Se pueden dar múltiples excusas y explicaciones, pero lo único absolutamente claro es que bienes y derechos básicos como la salud y la educación no están garantizados para todos.

Si queremos una democracia vigorosa, necesitamos ciudadanos conscientes de que son los depositarios del poder, con sentido crítico, capacidad de análisis y convencimiento de que tienen derecho a pedir cuentas a quienes les han encomendado funciones en la administración y conducción del Estado. Pero para esto se necesita que estos ciudadanos hayan recibido una educación de calidad, sin interrupciones, sin sobresaltos y para que puedan aprovechar esa oferta educativa, si realmente la tuvieren, hace falta que su estado de salud sea satisfactorio. Así se cierra el círculo. Que la salud y la educación sean garantizadas para todos es no solo un derecho individual, sino una necesidad colectiva.