Hasta fin del 2011, 100 millones de dólares

La Fundación Yasuní-ITT, al relanzar el proyecto de dejar el petróleo del ITT bajo tierra, con base en el compromiso que la comunidad internacional de países consumidores compense parcialmente lo que el Ecuador dejaría de percibir si explotara el petróleo, por instrucciones del presidente Correa, fijó hasta diciembre del 2011 una recaudación mínima de 100 millones de dólares.

ITT es la fusión de los campos conocidos como Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), correspondientes al Parque Nacional Yasuní, sectores en que no solo está una de las biodiversidades más ricas del planeta, sino también pueblos no contactados.

En lo que se define como ITT habría cerca de 900 millones de barriles de crudo sin explotar, con un valor equivalente a unos 7 mil millones de dólares. El gobierno ecuatoriano pide que al menos se le dé la mitad del valor de ese petróleo.

La iniciativa no es del gobierno de Correa, sino de sectores ambientalistas, pero el año 2007 la asumió el gobernante.

De no obtenerse los 100 millones de dólares, la amenaza del Gobierno es entrar a explotar el ITT, iniciando la explotación por Tiputini.

Los ambientalistas afirman que, respecto de la naturaleza, la amenaza de Correa, sería como amenazar cortarle la mano a un plagiado o secuestrado, para que los requeridos por el pago del rescate vean que la exigencia va en serio: o pagan el rescate o matan al plagiado.

El dato oficial –que publica el diario Hoy, en edición del martes 16 de agosto del 2011– es que la recaudación efectiva, a inicios de agosto del 2011, en el fideicomiso PNUD-CFN, es de 1’657.021 dólares. Habría ofertas, aún no concretadas en desembolsos, por algo más de 42,5 millones de dólares.

Los 80 millones

Rafael Correa, al apelar la sentencia del juzgador Juan Paredes, de fecha 20 de julio del 2011, contra la C.A. EL UNIVERSO, los personeros del Diario y el exeditor de Opinión, que acoge todas las pretensiones del querellante y solo le baja el requerimiento de las indemnizaciones económicas de 80 millones de dólares a la mitad, 40 millones de dólares, demanda que se fijen los 80 millones de dólares; y, para supuestamente demostrar su desinterés económico, se compromete a que los 80 millones de dólares se direccionen a la iniciativa Yasuní.

Que arrebatar los 80 millones de dólares, que pretende el gobernante, lo ordene ilícitamente un juez y que se direccionen al proyecto de preservación del Yasuní no sanea la inconstitucional apropiación de ese dinero.

Los traficantes de drogas buscan lavar el dinero mal habido siendo mecenas de clubes deportivos y aun de obras de cultura y de arte. Esas donaciones nunca serán virtuosas.

¿Y la cuantificación de daño emergente y lucro cesante?

El juzgador Paredes, para fijar la indemnización de daños y perjuicios, en panegírico de alabanzas para el querellante, llega al clímax con la frase “la pretensión de daños y perjuicios demandados en la querella, en ningún momento, tiene la intención de enriquecimiento, sino de una justa valoración del daño emergente y lucro cesante ocasionados en su honor y buena fama”.

Todavía no se había anunciado que se donaría a la iniciativa Yasuní el valor que se intenta “judicialmente” arrebatar a los querellados, y el juez Paredes ya se había interiorizado en la presunta voluntad del querellante y en sus intenciones.

La ley manda explícitamente que se pruebe el daño emergente y lo que va a dejar de percibir el querellante por lucro cesante.

En el caso particular, no se tomó el trabajo el querellante de probar lo uno y lo otro, no necesitó hacerlo, porque el juzgador se anticipó en llegar a su voluntad e intenciones.

El juez –sin que aparezca en la sustanciación de la causa– ensaya un cálculo absurdo: suma los montos de los presupuestos generales del Estado de los cinco años del gobernante, del 2007, más el del 2008, más el del 2009, más el del 2010, más el del 2011, y estima, sin probarlo, un total de más de ochenta mil millones de dólares, lo que justificaría la pretensión del querellante del uno por mil, 80 millones de dólares, pero solo le concede el medio del uno por mil, 40 millones de dólares.

Suicídese el que sea tachado de injuriar al presidente el 2015, si es reelecto Correa, porque al estimado de presupuestos anuales se le sumarán cuatro años más de presupuestos generales del Estado, con lo cual, o pasa el presidente a la lista exclusiva de multimillonarios de la región, o será donante de excepción, a base de apropiarse de dineros u otros bienes de los querellados.

¿Sobredimensionamiento presidencial o confiscación?

El lucro cesante y el daño emergente deben probarse, bajo la hipótesis que, de no haber habido la injuria, de la suma que se reclama habría podido gozar el querellante.

¿Realmente Correa cree que sin el artículo ‘No a las mentiras’, de Emilio Palacio, él habría podido acumular ingresos por 80 millones de dólares? Ese monto no resiste consideración ética alguna.

La intención que aparece es castigar a EL UNIVERSO con una suma que lo podría obligar a cerrar, ¿o el gobernante pretende tomárselo para que sea un medio sumiso del poder, como son otros que ya controla?

Reflexione, presidente

Pedírselo puede ser arar en el mar, pero lo hago.

Cuán respetable lo haría elevarse sobre los que lo inducen hasta el éxtasis de la soberbia del poder de ofrecer donar a la iniciativa del Yasuní los dineros que serían mal habidos, por la forma ilícita de apropiárselos.